Trabajadores del sector energético presentaron este 6 de febrero de 2025 una demanda ante la Corte Constitucional en contra del proceso de concesión del campo Sacha, iniciado por el gobierno de Daniel Noboa el año pasado.
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La acción legal de los trabajadores petroleros se fundamenta en que el Acuerdo Ministerial del 26 de noviembre de 2024, con el que se autoriza la delegación del campo Sacha a empresas estatales internacionales o subsidiarias, cita como base jurídica el Artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, reformado durante el gobierno de Guillermo Lasso.
Sin embargo, dicha reforma fue declarada inconstitucional precisamente por la Corte Constitucional el 28 de octubre de 2022, lo que vuelve ilegal todo el proceso de concesión del campo Sacha, señaló la Asociación Nacional de Trabajadores del Petróleo y Energía (Antep).
Situación de los trabajadores del campo Sacha
Las autoridades del Ministerio de Energía y de Petroecuador no han emitido ningún pronunciamiento frente a este proceso. Ante ello, los trabajadores también se movilizaron este jueves hasta la sede de la cartera de Estado para exigir una reunión con las autoridades.
El objetivo en concreto fue demandar respuestas sobre la situación de más de 500 trabajadores que actualmente laboran en el campo Sacha.
Importancia del campo Sacha
El campo Sacha, ubicado en la provincia de Orellana, tiene más de 50 años en producción y cuenta con reservas estimadas en 350 millones de barriles de crudo. Su petróleo, con un grado API de 24.9, es más liviano que otros crudos pesados de la región, lo que reduce las penalizaciones en los mercados internacionales, agregándole valor.
Este campo Sacha, conocido como la ‘joya de la corona’, produce 77 000 barriles de petróleo al día, con un costo de producción de apenas 7 dólares por barril.
Un estudio de Antep revela que, en un plazo de 20 años, Ecuador perdería 2 544 millones de dólares en renta petrolera si el campo pasa a manos privadas. Incluso considerando el anticipo de 1 500 millones de dólares anunciado extraoficialmente en medios de comunicación. La pérdida neta ascendería a 1 044 millones de dólares.
Estas cifras se agravarían si el precio del crudo se mantiene en niveles similares a los de 2024, lo que aumentaría las pérdidas a 1 641 millones de dólares.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Antep y tuvo el respaldo por la Federación Internacional del Sector Energético y Servicios Conexos de Latinoamérica y el Caribe (Fitelyc) y el Frente de Defensa Petrolero.
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