Mateo Villalba. Subsecretario/Senplades.
¿El proyecto de Ley Antimonopolio genera malestar en los empresarios que ofrecen tarjetas de afiliación para mantener la fidelidad de sus clientes ¿Por qué se va a prohibir estas tarjetas?
No se prohíbe la tarjeta de afiliación, se la puede mantener. Lo que se prohíbe es el cobro, ya que en una economía de mercado el derecho a acceder a un descuento no es un privilegio ni se debe pagar por eso.
¿Cómo se reglamentará?
En el mundo, las autoridades de competencia han prohibido este tipo de tarjetas. Por ejemplo, en Dinamarca, Suiza y hasta en Estados Unidos ese tipo de tarjetas no cuestan nada y los clientes tienen descuentos. Eso es lo que estamos haciendo. La tarjeta no está prohibida, pero sí el cobro.
El descuento es una estrategia para ganar clientes. ¿Cuál es el problema?
El descuento no tiene que ser cobrado por otro lado. Es un instrumento de competencia de mercado que si se usa de manera legal, sin distorsiones y sin barreras, hace que todos los competidores bajen un poco más el precio para atraer más clientes y beneficie a todos.
Y si las empresas ya no hacen descuentos, ¿cómo se va a beneficiar al cliente?
Si no hay descuentos las empresas van a perder clientes, los cuales se irán a las que sí hacen.
El proyecto de ley también genera desconfianza por las sanciones, investigaciones y juzgamientos a las empresas, ya que todo estará concentrado en una misma entidad de control ¿Quién garantiza el derecho a la defensa sin injerencia del Gobierno?
Cuando se realicen investigaciones se hará un proceso imparcial. Primero hay una etapa administrativa y luego una judicial. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado hará la parte administrativa, y si el agraviado siente que no ha tenido una justa investigación podrá impugnar. Entonces hay un completo proceso que garantiza la defensa y se puede ir a la instancia judicial. Es otra institución pública igual que el SRI, el IESS y otras que pueden clausurar, intervenir y realizar procesos administrativos. Lo que sucede es que están haciendo una campaña sucia.
Los empresarios sostienen que existe indefensión.
No es así. La idea es balancear. No se puede prohibir un derecho que está en la Constitución como es la defensa, pero se busca que no se abuse de ese derecho. Aquí se ponen muchos amparos por cualquier cosa. Por ejemplo, hay empresas que dejan de pagar las cuentas de electricidad y cuando se les quiere cortar la luz ponen un amparo y siguen funcionando. Esa práctica es abuso.
¿Habrá un período de transición para aplicar la ley como piden los empresarios?
No tenemos una posición adversa pero hay que analizar. La propuesta es que la ley no se aplique durante un tiempo para que los operador se adapten.