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‘Súper de Compañías actuó tarde en escándalo bursátil’

En 2019, la Superintendencia de Compañías realizó inspecciones en Ecuagran y Delcorp. Foto: archivo / EL COMERCIO

Uno de los mayores escándalos bursátiles del país, protagonizado por Ecuagran y su empresa relacionada Delcorp, pudo haberse evitado, pero la Superintendencia de Compañías no actuó a tiempo.

Así lo consideran tres asambleístas, cuyas críticas han puesto a la máxima autoridad de ese ente, Víctor Anchundia, en medio de una tormenta que amenaza con llevarlo a juicio político y censurarlo.

Y es que inversionistas de peso, como los fondos de pensiones de la Policía (Isspol), del Seguro Social y del Magisterio compraron papeles de esas empresas en la bolsa (facturas y obligaciones) y actualmente están impagos. El más perjudicado fue el Isspol, que hasta ahora no logra recuperar USD 21,4 millones invertidos en esas dos firmas.

  1. El origen del escándalo

Las primeras señales de las presuntas irregularidades de Ecuagran y Delcorp, hoy en liquidación, llegaron en febrero de 2019, cuando la misma Superintendencia comenzó a realizar controles por las operaciones realizadas entre ellas y colocadas en la bolsa, entre junio y diciembre de 2018, por USD 31 millones.

Como parte de las acciones, la Superintendencia realizó inspecciones in situ en ambas firmas y revisó los estados financieros, registros contables, kárdex de inventarios, facturas, retenciones y más.

Uno de los hallazgos fue la alerta de que las operaciones que hicieron Ecuagran y Delcorp con facturas comerciales en la bolsa se basaron en ventas ficticias entre ellas.

Ese hecho fue reconocido por el exintendente de Valores de la Superintendencia de Compañías, Carlos Murillo, pero no le dio la importancia.

“Una muestra de un kárdex sirvió para que la Dirección de Control interviniera a Ecuagran esa vez. Calificar todo este tema como ‘facturas falsas’ por una muestra de un kárdex es una afirmación sin sustento. Había ventas, inventarios”, justificó Murillo, removido del cargo el 20 de octubre de 2020, seis días después de dar estas declaraciones en una entrevista con este Diario.

  1. Intervención no frenó operaciones en la bolsa

Pese a las alertas, la ‘Súper’ se limitó a intervenir a Ecuagran entre abril y septiembre de 2019 y no a Delcorp.

La explicación que dio Anchundia en su momento para esa decisión fue que Delcorp era una firma relacionada, por tanto no hacía falta una intervención individual.

Las empresas no dejaron de participar en la bolsa. El 17 de mayo de 2019, durante la intervención, se negociaron USD 1,5 millones en facturas de Ecuagran en el mercado.

Delcorp también continuó emitiendo facturas con su firma relacionada, Fertisolubles, pese a que esta última recién se creó en mayo de 2019.

Y en octubre de ese mismo año, tras levantarse la intervención, Ecuagran y Delcorp emitieron obligaciones, cada una por USD 15 millones.

En una entrevista televisiva del 25 de septiembre de 2020, Anchundia afirmó que la intervención a Ecuagran se levantó porque se habían corregido irregularidades de carácter contable y superaron los problemas; sin embargo, mencionó que ‘fueron engañados’.

“Los auditores dijeron que los estados financieros eran correctos, la Superintendencia fue engañada. Un día dicen que está todo correcto, que tienen todos los papeles y luego no hallamos los papeles por parte de la auditora”, comentó.

Solo en septiembre de 2020, 19 meses después de las primeras alertas que tuvo la Superintendencia sobre Ecuagran y Delcorp, el organismo emprendió nuevas intervenciones y en noviembre de ese año al fin canceló a estas firmas del mercado de valores por presunto delito de defraudación bursátil. Para ese entonces, las empresas ya habían caído en mora en sus obligaciones, los inversionistas ya no pudieron recuperar su dinero y estalló el escándalo.

  1. Vientos de juicio

Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachakutik, dijo que mañana, 5 de octubre del 2021, preve presentar un pedido de juicio político en contra de Anchundia. Señaló que cuenta con 36 firmas de apoyo, más de las 35 que se requieren.

No es el único. Similares acciones han emprendido los legisladores de Unes, Sofía Espín, y de PSC, Luis Almeida.

Vanegas argumenta que el pedido se basa, entre otros, en que la Superintendencia habría permitido negociaciones bursátiles fraudulentas de Ecuagran, Fertisolubles y Delcorp, pese a conocer los hechos desde 2019.

“No solo que no actuó, sino que participó para que todas estas cosas sucedan”, dijo al señalar que una vez sea instaurado el juicio, presentará los respaldos de su argumento.

Almeida señaló, por su parte, que “se ha creado una farsa para que Ecuagran y Delcorp se presten dinero entre sí, usando dinero de inversionistas a vista y paciencia de la Superintendencia de Compañías”.

Este Diario trató de comunicarse con Anchundia el fin de semana (2 y 3 de octubre del 2021), para conocer su posición sobre los cuestionamientos, pero no respondió su celular. Sin embargo, en un comunicado emitido la semana anterior, el ente de control señaló que se levantó la intervención a Ecuagran por recomendaciones de sus Direcciones de Control y de Fiscalización.

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