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El Servicio de Rentas Internas (SRI) verificó la actividad económica de 187 contribuyentes, entre personas naturales y sociedades, dedicados a la minería.
Los operativos se realizaron en Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, El Oro, Guayas, Imbabura y Loja.
También, en Los Ríos, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora Chinchipe.
Los controles permitieron ubicar físicamente al 61%. Es decir, a 114 exportadores de minerales. Los otros 73 locales no fueron encontrados.
El SRI notificará a la Unidad de Investigación Conjunta en Materia de Defraudación Tributaria y Lavado de Activos los hallazgos encontrados en los controles.
La intención es gestionar las acciones que correspondan y ejecutar las acciones de control para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.}
El SRI suspendió o bloqueó del Sistema Catastro a quienes no fueron ubicados.
Además, se emitieron reportes a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC). Los contribuyentes deberán efectuar las acciones correspondientes para la regularización de su registro.
El Servicio de Rentas Internas también comunicó a la Superintendencia de Compañías y al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para que, en el ámbito de sus competencias, ejecuten acciones que permitan regularizar a este tipo de contribuyentes.
El objetivo de los controles es constatar físicamente la información del RUC. Además, corroborar que quienes realizan estas actividades mantengan actualizada la información.
La labor de los fedetarios se complementan con las labores de determinación tributaria del equipo de Auditoría del SRI. Esto permite generar sinergia en las actuaciones institucionales en beneficio del país, por las actuaciones coordinadas que simplifican el cumplimiento tributario.
El artículo 408 de la Constitución de la República establece que el Estado participa en los beneficios del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y la Ley de Minería.
En la Disposición General Tercera indica que el Estado es el titular de las regalías, patentes y utilidades laborables atribuibles al Estado.
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