La Procuraduría General del Estado (PGE) está a espera de una respuesta de la firma francesa para establecer un acuerdo de pago. Este mecanismo permitirá que el Estado ecuatoriano cancele USD 374,3 millones, tras la sentencia emitida por una corte internacional a favor de la compañía extranjera.
Un tribunal arbitral internacional emitió el 28 de mayo pasado la sentencia final dentro del caso Perenco. Esta firma inició el proceso, por la adopción de la Ley 42 de 2006, que estableció una participación mínima del 50% del Estado en los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos; porcentaje que, mediante el Decreto 662 del 2007, fue incrementado al 99%; en momentos en que los precios internacionales del petróleo gozaban de una importante alza.
Iñigo Salvador, procurador general del Estado, expresó este 2 de junio del 2021 que esta entidad junto con el Ministerio de Economía y Finanzas se han puesto en contacto con los abogados de Perenco para proponer un plan de pagos.
Ecuador debe cancelar a la firma francesa en un plazo de 60 días USD 374,3 millones, más los intereses correspondientes contados desde diciembre del 2019.
“Confiamos en que la compañía francesa considere la difícil situación de las finanzas del Estado ecuatoriano, que se ha agravado por la pandemia. Sería terrible que, en estos momentos, en que el Ejecutivo, enfoca todos sus esfuerzos en la reactivación económica y en la inmunización de la población, esos alrededor de USD 400 millones sean dedicados a otros temas”, enfatizó Salvador.
Además, el funcionario mencionó que la Procuraduría ejercerá el derecho de repetición para determinar las responsabilidades de los funcionarios que propusieron y aprobaron la Ley 42; y para quienes emitieron el Decreto Ejecutivo 662 del 2007. Esto permitirá resarcir el perjuicio causado al Estado ecuatoriano.
Salvador dijo también en un plazo de 15 días tiene previsto presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley para este proceso sea más eficiente.
“La lección que nos deja este caso es que no es un buen negocio incumplir los contratos con los inversionistas”, mencionó el Procurador.
