¡Entérate primero con El Comercio! Nuevo
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.
Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Ecuador puede recibir hasta el 17 de abril de 2026 una obra con miles de fisuras. Así se conoció esta primera semana de abril del 2026, luego de que la empresa china Sinohydro solicitara a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) la recepción definitiva de la central Coca Codo Sinclair, tras un laudo arbitral que resolvió disputas contractuales.
El acuerdo permite cerrar el contrato hasta el 17 de abril de 2026 y da por cumplidas las condiciones conflictivas entre ambas partes. Sin embargo, persisten fallas técnicas sin corregir. Estas pasarán a un nuevo operador bajo un esquema de operación y mantenimiento, trasladando el riesgo sin frenar el cierre del proyecto.
21 días después de la recepción de la obra, Celec deberá devolver las garantías de “fiel cumplimiento del contrato”, que suman aproximadamente 200 millones de dólares.
Además, este acuerdo es un paso previo para que Ecuador delegue la operación de la central de 1 500 megavatios (MW) a PowerChina, matriz de Sinohydro, por 400 millones de dólares: 200 millones en efectivo y 200 millones como crédito de proveedor.
Coca Codo Sinclair, la central más grande del país, opera desde 2016, sin recepción oficial. Esto debido a que un informe de la Contraloría General del Estado de 2019 recomienda no recibir la obra hasta que se corrijan todas las fallas.
Según el documento, la central hidroeléctrica presenta miles de fisuras en sus ocho distribuidores de agua. Hasta 2019, ya se acumulaban 17 661 grietas.
Los distribuidores de aguas son áreas claves de la planta. Estos equipos tienen forma de caracoles gigantes de acero y su función es recibir el agua que llega con enorme presión luego de caer por una tubería de más de 600 metros de altura, y distribuir el líquido a las turbinas para la generación de energía.
El documento detalla que las primeras fisuras se identificaron en 2014 y fueron confirmadas en 2015 por una empresa especializada. Hasta ese año se registraron 7 646 fallas, que fueron soldadas antes que la central entrara en operación en noviembre de 2016.
Pese a estas reparaciones iniciales, nuevas grietas continuaron apareciendo con el tiempo.
El informe también advierte que varias fisuras no pueden ser intervenidas debido a su ubicación. Por ejemplo, algunas en la unidad 8 se encuentran en la parte exterior de los distribuidores, adheridas al hormigón, lo que impide su acceso. Otros distribuidores también presentan daños que no han sido corregidos.
Según la Contraloría, las fallas se originaron por deficiencias en los procesos de soldadura y por la baja calidad del acero utilizado en la construcción.
Esta obra fue ejecutada durante el gobierno de Rafael Correa; el costo del proyecto ascendió a 3 311 millones de dólares, superando en más del 200% el presupuesto inicial, que era de 1 000 millones de dólares.
En ese contexto, el Estado ecuatoriano, a través de Celec, impulsó un arbitraje internacional contra Sinohydro y se plantearon acciones legales para determinar responsabilidades civiles y penales por los defectos detectados y se demandó 580 millones de dólares. Sin embargo, ahora, Ecuador recibirá el proyecto sin una solución definitiva de las fisuras.
Para Valentina Zárate, excontralora subrogante, las recomendaciones de la Contraloría son obligatorias y vinculantes para las autoridades. Esto implica que cualquier decisión que contradiga ese informe podría generar responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales para quien la adopte.
Además, la Contraloría puede realizar exámenes de seguimiento para verificar si las recomendaciones se cumplieron. En caso de que no se hayan acatado, los funcionarios involucrados podrían enfrentar sanciones, incluso años después de tomada la decisión, señaló Zárate.
El caso se complica por la existencia de un laudo arbitral internacional que permitiría avanzar con la recepción de la obra. Sin embargo, este tipo de decisiones, basadas en contratos y derecho internacional, no siempre coinciden con las disposiciones de la Contraloría.
Para la excontralora subrogante, esto genera una “zona gris” jurídica: las autoridades deben decidir entre cumplir el laudo arbitral o acatar las recomendaciones del organismo de control. A pesar de estos conflictos, la Contraloría mantiene la potestad de continuar sus procesos y eventualmente sancionar, incluso si existe un acuerdo internacional de por medio.
Por su parte, la Contraloría General del Estado señaló que el organismo de control ya emitió su pronunciamiento sobre el caso, estableciendo responsabilidades. La entidad precisó que sus informes incluyen recomendaciones que deben cumplirse en su totalidad y recordó que toda la documentación relacionada con este tema se encuentra disponible al público a través de su página web institucional.
Celec, por su parte, deberá ahora conformar una comisión, realizar una inspección final y firmar el acta para completar la recepción. La empresa pública aún no ha señalado la fecha en que se firmará la recepción definitiva de Coca Codo Sinclair.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.