
Las planillas de servicios básicos podrán convertirse en una nueva fuente de información para el buró de crédito en Ecuador. Sin embargo, atrasarse en el pago de la luz o el agua no significa que el score vaya a bajar automáticamente. La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) abrió esta posibilidad con una reforma vigente desde el 20 de agosto de 2026.
El cambio también reduce de seis a cuatro años el tiempo máximo de conservación de determinada información crediticia. Pero hay dos aclaraciones importantes para el bolsillo: una deuda no desaparece después de cuatro años y tener menos información negativa tampoco garantiza conseguir un crédito.
La reforma permite que pagos de servicios básicos y otras obligaciones puedan convertirse en información crediticia complementaria para conocer cómo una persona cumple sus compromisos y evaluar su capacidad de endeudamiento.
En términos sencillos, pagar puntualmente la luz, el agua u otros servicios podría aportar información sobre el comportamiento de pago de una persona. Pero esto no comienza automáticamente con la entrada en vigencia de la resolución.
La implementación será gradual. Los organismos de control deberán desarrollar los mecanismos necesarios y, según corresponda, tendrán plazos de hasta 18 meses para hacerlo. El uso de estos datos también deberá respetar la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
No automáticamente. La nueva norma abre la posibilidad de utilizar esas planillas como información adicional, pero no establece que un atraso ocasional reduzca inmediatamente el score de una persona.
El score sirve como referencia para medir qué tan riesgoso puede resultar prestar dinero a alguien. Los bancos y cooperativas pueden analizarlo junto con otros elementos antes de decidir si conceden un crédito.
Patricio Herrera, abogado especialista en cobranza, explica que incorporar pagos de servicios puede ser útil para personas que tienen poca información financiera registrada, porque su cumplimiento con obligaciones habituales podría aportar nuevos elementos sobre su comportamiento de pago.
Sin embargo, Herrera advierte que pagar puntualmente una planilla no demuestra por sí solo que una persona tenga capacidad de pago suficiente para asumir un préstamo. La evaluación del crédito seguirá dependiendo de más factores.
La reforma también reduce de seis a cuatro años el período máximo de conservación de determinada información de riesgo crediticio. Además, los reportes pasarán de considerar operaciones de los últimos tres años a los últimos dos.
Esto puede beneficiar a personas que tuvieron problemas económicos en el pasado, pagaron sus obligaciones y después recuperaron un buen comportamiento financiero.
Juan David Espinosa, de la Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explica que una persona pudo caer en mora por desempleo, enfermedad o una dificultad económica puntual y luego normalizar su situación.
El especialista recuerda que durante la pandemia muchas familias atravesaron problemas financieros. Por eso, considera que reducir el peso de antecedentes antiguos puede facilitar una segunda oportunidad y la reinserción al sistema financiero.
Aquí está una de las principales confusiones de la reforma: esperar cuatro años no borra una deuda pendiente.
El nuevo plazo se refiere al tiempo durante el cual se conserva determinada información crediticia y comienza a contarse cuando la obligación fue legalmente extinguida.
Este punto ya había sido abordado por EL COMERCIO el 21 de agosto de 2026, cuando se detallaron los primeros alcances de la reforma al buró de crédito. La reducción de seis a cuatro años corresponde al tiempo de conservación de determinada información crediticia y no implica que una deuda impaga se extinga simplemente por el paso de ese período.
No automáticamente. La nueva normativa permite incorporar pagos de servicios básicos como información crediticia complementaria, pero no establece que un atraso ocasional reduzca inmediatamente el score.
La implementación será gradual y requerirá mecanismos desarrollados por los organismos de control. Además, el tratamiento de esta información deberá cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
Podría aportar información adicional sobre el comportamiento de pago de una persona.
Esto puede resultar especialmente relevante para quienes tienen poca información financiera registrada. Sin embargo, pagar puntualmente las planillas no demuestra por sí solo que alguien tenga capacidad suficiente para asumir un préstamo.
Determinada información de riesgo crediticio tendrá un período máximo de conservación de cuatro años, frente a los seis años anteriores.
Además, determinados reportes pasarán de considerar operaciones de los últimos tres años a los últimos dos. El cambio puede reducir el peso de problemas financieros antiguos para quienes posteriormente regularizaron sus obligaciones.
No. La reforma no elimina ni perdona las deudas después de cuatro años.
El plazo se refiere a la conservación de determinada información crediticia y empieza a contarse cuando la obligación fue legalmente extinguida. Por eso, dejar de pagar y esperar cuatro años no hace desaparecer automáticamente una deuda pendiente.
No necesariamente. Tener menos información negativa registrada no garantiza que un banco o cooperativa apruebe un préstamo.
Las entidades financieras pueden considerar el score junto con ingresos, deudas vigentes, capacidad de pago, nivel de endeudamiento y otros elementos. Las planillas podrían sumar información al perfil financiero, pero no reemplazan el análisis integral antes de conceder un crédito.