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Los recientes cambios para el manejo de las tarjetas de crédito y débito en Ecuador también señalan regulaciones que beneficiarían a las medianas y pequeñas empresas. Esto se debe a que la resolución JPRFM-2026-048-T, emitida por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria el 6 de noviembre de 2026, establece tiempos para que las entidades financieras procesen las órdenes de pago a los negocios.
El consultor empresarial Fernando Hallo dice que la regulación no solo beneficia a los tarjetahabientes, sino que brinda una “oportunidad muy importante para el comercio ecuatoriano, pero especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)”.
En Ecuador se registraron aproximadamente 1,2 millones de empresas en 2025. De ellas, el 93% corresponde a microempresas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esto hace que las mejoras en las condiciones comerciales no se enfoquen únicamente en las grandes cadenas o empresas con importantes estructuras financieras, sino que también permitan beneficiar a establecimientos pequeños, incluso a muchos negocios familiares y actividades empresariales que tienen una participación fundamental dentro de la economía, agrega.
Entre los cambios, se determinan los plazos máximos en los que las entidades adquirentes financieras deben liberar los recursos de las compras pagadas con tarjeta.
De acuerdo con el documento, entidades adquirentes financieras son los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones, mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, caja central y neobancos, que afilian establecimientos comerciales para la aceptación de tarjetas de pago, constituidos o domiciliados en el país.
El ajuste ha sido celebrado por varios microemprendedores. Uno de ellos es David Domínguez, quien tiene una carpintería en Quito. El artesano espera que, con la resolución de la Junta, esos períodos se agilicen y pueda contar con el dinero que le cancelan por sus muebles.
La normativa establece cinco días máximo para que las entidades adquirientes liquiden los recursos de las transacciones realizadas con tarjetas para consumos corrientes. Mientras que, para los diferidos, los recursos se liquidarán hasta cinco días a partir de la fecha en que se haga exigible, para el tarjetahabiente, la obligación de pago de la cuota.
Además, deberán procesar y compensar las órdenes de pago o de transferencia de fondos a los establecimientos comerciales afiliados en un término no mayor a un día, dispone el documento.
Desde el punto de vista de la gestión empresarial, la fijación de un plazo permite disponer del dinero de esa venta de manera más rápida.
Hallo explica que, para una microempresa, ese flujo de caja puede ser determinante, ya que las mipymes tienen un flujo muy limitado en comparación con las grandes compañías. Por ello, una venta con tarjeta de crédito implica también pasar cierto tiempo sin contar con ese dinero en efectivo.
“Pensemos en una cafetería, tiendas de barrio, pequeños restaurantes que necesitan comprar mercadería, pagar proveedores e inclusive cubrir gastos operativos que tienen en el día a día. Tener estas reglas claras, sobre cuándo estos establecimientos recibirán el dinero de una venta, permite planificar mejor sus finanzas y sus obligaciones. El límite de cinco días contribuye a dar mayor previsibilidad”, resalta.
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— El Comercio (@elcomerciocom) November 7, 2026
Otro de los aspectos que se destaca es el impulso a la competitividad entre las empresas no financieras para que ofrezcan servicios que permitan a los establecimientos recibir pagos con tarjetas de crédito y débito.
En su resolución, la Junta señala que además de las financieras, las que no son entidades financieras podrán ofrecer servicios para que los negocios reciban pagos con tarjetas, siempre que cuenten con autorización del Banco Central del Ecuador (BCE), de modo que se incrementen las opciones de pago en los comercios.
Según Hallo, también catedrático de la UIDE, esto es relevante porque mientras una gran cadena comercial cuenta con una mayor capacidad para negociar las condiciones de sus servicios de pago, un emprendimiento suele tener menos alternativas y menor poder de negociación, lo que complica sus operaciones. Es en ese escenario en el que las entidades no financieras podrían genera mayor competencia, aunque resta mirar si se configura realmente.
Aunque la resolución ha generado más reacciones por los beneficios para los usuarios de tarjetas, el experto señala que los nuevos parámetros también favorecerán a los negocios por la experiencia de compra.
La orden de mantener el precio cuando el consumidor paga con tarjeta o en efectivo podría eliminar barreras. “Muchas personas cuando se encontraban ya al frente del proceso de pago, se frenaban al escuchar que el establecimiento le subía o daba un precio distinto porque lo hacían con tarjeta de crédito, pero ahora mejora la conversión, es decir, transforma el interés del consumidor en una compra efectiva”, sostiene el analista.
Otro de los beneficios indirectos está en la validación de las transacciones. Las nuevas exigencias de autenticación, protección de información y notificaciones bancarias fortalecerán la confianza en las operaciones electrónicas y “mejorará la percepción de seguridad del consumidor, quien estará dispuesto a utilizar estos canales de compra”, agrega.
Aunque el analista menciona los beneficios, aclara que no todos los negocios se beneficiarán de la misma manera. El impacto dependerá del tamaño de la empresa, sus márgenes, sus volúmenes de venta, los medios de pago y otras condiciones que deberá negociar con sus proveedores, resalta.
Más información sobre los cambios en las tarjetas de crédito
Las mipymes deberán recibir los recursos de las ventas corrientes pagadas con tarjeta en un plazo máximo de cinco días término.
La resolución JPRFM-2026-048-T establece que las entidades adquirientes tendrán que liquidar los recursos de las transacciones con tarjetas de pago para consumos corrientes en un máximo de cinco días. Antes, algunos negocios reportaban esperas de meses para acceder a esos fondos, por lo que la medida busca mejorar la liquidez de micro, pequeñas y medianas empresas.
Las órdenes de pago o transferencia deberán procesarse, transmitirse y compensarse en un plazo no mayor a un día.
Además del límite de cinco días para la liquidación de recursos, la normativa obliga a las entidades financieras a agilizar el procesamiento de las operaciones. Esto busca dar mayor previsibilidad a los comercios sobre cuándo dispondrán de los ingresos generados por sus ventas.
Les permite contar con el dinero de sus ventas más rápido y mejorar su flujo de caja.
Según el analista Fernando Hallo, muchas microempresas, cafeterías, tiendas de barrio y pequeños restaurantes dependen de esos recursos para comprar mercadería, pagar proveedores y cubrir gastos operativos. Tener reglas claras sobre cuándo recibirán el dinero facilita la planificación financiera y reduce la incertidumbre.
Habrá más entidades autorizadas para ofrecer servicios de adquisición y procesamiento de pagos.
La resolución amplía la participación a las empresas no financieras, además de los bancos públicos y privados, neobancos, cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones mutualistas y cajas centrales en estos servicios. Esto podría incrementar la competencia y generar alternativas tecnológicas y comerciales más accesibles para los emprendimientos y pequeños negocios.
Porque obliga a mantener el mismo precio al pagar con tarjeta o en efectivo y refuerza la seguridad de las transacciones.
La normativa establece que promociones, descuentos y precios deben ser iguales sin importar el medio de pago. Además, incorpora exigencias de autenticación, protección de información y notificaciones bancarias, medidas que pueden fortalecer la confianza de los usuarios en los pagos digitales y favorecer las compras electrónicas.
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