El bosque que se observa es parte de los bienes no institucionales del IESS. El área está en Quito. Es un predio de 166 139,2 metros cuadrados. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
En el norte de Quito, entre la avenida Mariscal Sucre y Machala, hay seis lotes de terreno, que suman en conjunto una extensión de 166 139,2 metros cuadrados.
Esta propiedad, conocida como Quinta La Victoria, pasó hace mucho tiempo a manos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Gran parte del terreno es un bosque, pero también hay una pequeña zona habitada y algunas canchas barriales.
En uno de los lotes se hallan, junto a un bosque y abundante maleza, varias casas en ruinas. Desde hace más de 30 años vive allí la familia Caiza. Segundo Caiza fue guardia de la hacienda hace muchos años y se quedó viviendo en el lugar junto a su esposa y sus dos hijos.
Ahora viven también las parejas de sus hijos y sus nietos. En total, allí habitan 15 personas, junto con algunos perros.
Las condiciones son de extrema pobreza. Tras el incendio de una de las casas hace unos cuatro años, una de las hijas de Caiza vive con su esposo y sus siete hijos en una vivienda hecha de láminas de zinc, con dos dormitorios improvisados, una cocina y un sofá.
Todos se dedican a recolectar productos (plásticos, cartones), que entregan a una fábrica en Carcelén para el reciclaje. En los techos de las viviendas se pueden ver botellones plásticos vacíos.
En otro de los lotes, ubicado al otro lado de la av. Mariscal Sucre, hay una cancha de tierra en desnivel, en uso por la liga barrial San Rafael de Cotocollao, y un parque infantil.
La cancha y el parque fueron construidos en minga por la directiva del barrio, hace más de 10 años, aseguraron moradores del sector.
Los vecinos de San Rafael comentan que años atrás el IESS tuvo algunos planes con el terreno. “Primero, un conjunto de viviendas, luego un centro de salud”, dijo Héctor Quingalombo.
En una ocasión, contó este morador, representantes de la comunidad solicitaron al Seguro Social que se les cediera el lote en comodato o que les permitieran arrendar, pero les dijeron que no era posible.
“Nosotros queremos mantener la cancha y el parque, porque no hay otro lugar donde los niños puedan jugar”, señaló Hilda Basán.
En total, el IESS tiene 285 bienes inmuebles de uso no institucional; es decir, que no usa para su operación, según un catastro que la entidad facilitó a este Diario.
Están ubicados en 15 provincias del país, pero cerca del 80% está en Pichincha, Guayas y Santa Elena. El valor de estas propiedades asciende a USD 128 millones.
Algunos son lotes, bodegas, parqueaderos y espacios de terreno sobrantes de urbanizaciones construidas por el IESS. En otros casos, son inmuebles recibidos en “dación de pago”, por parte de la banca cerrada, explicó el instituto.
Hay también otros orígenes. Según la entidad, una gran parte fue heredada o donada al Seguro, a lo largo de los años.
Jorge Madera, quien fue director del Seguro entre los años 2003 y 2004, recordó que cuando estuvo al frente de la entidad se hizo por primera vez un catastro de los bienes.
Señaló que los no institucionales o “libres de uso”, en su mayoría provenían de “embargos históricos” de bienes a empleadores con moras patronales. “Algunos quedaron libres, sin problema catastral y a nombre del seguro. Otros terminaron invadidos”.
Añadió que entonces se llevó a cabo un programa de legalización de la propiedad, con el que se entregaron escrituras masivas a personas que ya habitaban en estos lugares desde hace mucho tiempo.
El futuro de muchos de estos inmuebles aún no está definido. En principio se está llevando a cabo el levantamiento de la información completa de estos bienes en las respectivas direcciones provinciales.
Sin embargo, la entidad aclaró que “de acuerdo con la Resolución CD 510 y a la Ley de Creación del Banco del IESS (Biess), esta institución es la encargada de la venta o la inversión de los inmuebles de uso no institucional”.
Es por ello que al menos 177 bienes no institucionales con potencial inmobiliario ya fueron trasladados al Biess para su evaluación. Otros, que se están identificando, podrían destinarse a proyectos específicos de la institución.
“La venta de los inmuebles, de acuerdo con la normativa legal, se puede realizar directamente a instituciones estatales; y, en subasta pública, a personas naturales o jurídicas sin distinción”, añade el IESS.
Adicionalmente, la entidad ha calculado que otro grupo de bienes, en proceso de embargo por deudas de empleadores, están valorados en USD 32,9 millones, según señaló el presidente del Consejo Directivo, Paúl Granda, este año.