Los hermanos Roberto y William Isaías presentaron una nueva acción de protección en Ecuador con el objetivo de recuperar los bienes que el Estado incautó en 2008. En 2024, la Corte Constitucional falló en contra de ellos.
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Acción de protección de los hermanos Isaías
El recurso, que ingresó el 17 de marzo de 2025, quedó en manos de la jueza Karen Alarcón Macías, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón. En el documento consta que la acción legal se dirige contra varias entidades estatales.
En su demanda, los hermanos Isaías argumentan que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) vulneró sus derechos al ejecutar la incautación de sus bienes. Como consecuencia, piden que se anulen todas las resoluciones derivadas de esa medida y que se les devuelvan propiedades, acciones y otros activos que pasaron a manos del Estado ecuatoriano.
Además, exigen una reparación económica en caso de que la restitución de sus bienes no sea posible debido a deterioro, venta o cualquier otra razón. También solicitan una compensación por daños y perjuicios, así como una disculpa pública del Estado y garantías de que este tipo de incautaciones no se repetirán en el futuro.
La Corte Constitucional falló en contra de los hermanos
Por unanimidad, la Corte Constitucional aceptó la apelación presentada por la Procuraduría General del Estado y otras cinco instituciones públicas sobre las decisiones judiciales relacionadas con los bienes de los hermanos William y Roberto Isaías, exdueños del Filanbanco.
El fallo, emitido el 21 de noviembre de 2024, fue publicado el 17 de diciembre en el portal oficial de la institución.
El proceso judicial respondió a una acción de protección presentada por la Procuraduría, el Banco Central, el Ministerio del Ambiente y otras dos entidades estatales. Estas buscaban dejar sin efecto las resoluciones emitidas en favor de los Isaías.
Estas decisiones permitieron devolver los bienes incautados tras el feriado bancario de 1999.
Corte Constitucional determinó una vulneración a la seguridad jurídica
La Corte Constitucional señaló que en este caso se vulneró el derecho a la seguridad jurídica. El fallo identifica como responsables al juez de la Niñez y la Familia de Guayaquil, Jhonny Lituma, y a otros dos jueces de la Corte Provincial del Guayas. Ellos emitieron sentencias que permitieron la restitución de bienes a los exdueños del Filanbanco.
La resolución deja sin efecto la reparación integral ordenada en primera y segunda instancia, que había autorizado la devolución de al menos 65 propiedades a los hermanos Isaías. Además, descarta cualquier compensación económica derivada de las decisiones judiciales anuladas.
