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El Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), estableció una franja de precios para el quintal de maíz amarillo duro. Esta medida busca proteger a los productores nacionales, garantizar el abastecimiento para la industria y evitar afectaciones a los consumidores.
La iniciativa, contemplada en el Acuerdo Ministerial 016, se socializó con los integrantes del Consejo Consultivo de la Cadena de Maíz Amarillo, Balanceados y Productores de Proteína Animal. Se fijó un precio piso de 17,45 dólares y un precio techo de 19,61 dólares por quintal.
El maíz amarillo duro es un producto estratégico para la economía ecuatoriana, ya que constituye la principal materia prima para elaborar alimento balanceado utilizado en la producción de carne de pollo, carne de cerdo y huevos. Estos alimentos forman parte esencial de la dieta diaria de millones de ecuatorianos.
Según explicó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, la iniciativa busca brindar estabilidad al mercado y asegurar la comercialización de la cosecha nacional. Además, destacó que la industria de balanceados y proteína animal absorberá la totalidad de la producción nacional del grano.
La franja de precios actúa como un mecanismo de protección para todos los actores involucrados en la cadena productiva. El precio mínimo protege a los agricultores durante períodos de alta oferta, cuando los valores de mercado suelen disminuir. Por otro lado, el precio máximo evita incrementos excesivos en momentos de escasez, reduciendo así el impacto sobre los sectores productivos y los consumidores finales.
Los valores establecidos por el MAGP están vinculados a parámetros de calidad relacionados con el porcentaje de humedad e impurezas presentes en el grano. El precio base de 17,45 dólares por quintal corresponde a maíz con 1 % de impurezas y 13 % de humedad. A partir de esos parámetros, el precio disminuye progresivamente conforme aumentan los niveles de humedad e impurezas, según la tabla oficial emitida por la cartera estatal.
Esta decisión forma parte de la estrategia gubernamental para fortalecer la seguridad alimentaria, impulsar la rentabilidad de los productores de maíz y mantener el equilibrio en una cadena productiva clave para el abastecimiento de proteínas animales en Ecuador.
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