El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables declaró este 23 de febrero de 2023 fuerza mayor en las operaciones de explotación y transporte de hidrocarburos. Esta situación implica limitaciones para exportar crudo debido a las complicaciones para recibir y bombear petróleo desde el Oriente hacia el puerto de Balao, en Esmeraldas.
La medida se tomó debido a la paralización de las operaciones en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), poliducto Shushufindi-Quito y Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador. Esta acción se tomó para evitar posibles afectaciones ambientales en la zona.
La suspensión de actividades en estas tuberías se debe a la rotura del puente sobre el río Marker, sector de El Chaco, en la provincia de Napo. Este evento se produjo el 22 de febrero de 2023 debido al avance de la erosión regresiva del río Coca, en la margen izquierda de este afluente.
La medida de fuerza mayor
La declaratoria de fuerza mayor o caso fortuito es una cláusula contractual que aplica a las operaciones relacionadas a los contratos en ejecución, de actividades exploratorias y de extracción de hidrocarburos. Esta cláusula evita sanciones por parte de operadoras internacionales ante un posible incumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos.
El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Fernando Santos, mencionó que se ha comunicado a los compradores de crudo ecuatoriano que existe una circunstancia de fuerza mayor, tras el colapso del puente del río Marker. Por esta razón, se suspenderán las exportaciones de hidrocarburo para dar prioridad al mercado interno.
Las implicaciones de la medida de fuerza mayor
La resolución Nro. MEM-VH-2023-0006-RM fue suscrita por el viceministro de Hidrocarburos, Rubén Espín Zapata. En este insumo se establece que Petroecuador y las compañías privadas deberán reportar al Ministerio de Energía, las actividades técnicamente viables a ejecutarse durante el período de suspensión de bombeo del SOTE y
OCP.
También deberán informar sobre los trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar la continuidad operativa de los bloques petroleros.
Una vez que se solvente esta emergencia, la petrolera estatal deberá remitir a esta Cartera de Estado un informe sobre el impacto económico del evento en la producción, refinación y comercialización de petróleo.
Las contratistas de prestación de servicios para la exploración y explotación de petróleo crudo, que resulten afectadas por esta eventualidad, se les reconocerá el tiempo que dure la suspensión de las operaciones debido al evento de fuerza mayor, siempre y cuando este ocasione la paralización de más del 50% de las actividades de producción.
Además, debido a este evento fortuito la fecha de terminación del plazo de vigencia de este contrato modificatorio será pospuesta por un lapso igual al que dure dicha paralización.
Este periodo será determinado por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Las acciones tomadas
La petrolera estatal movilizó a la zona afectada, en la provincia de Napo, un equipo multidisciplinario de 50 personas. Este grupo hasta el momento han ejecutado acciones como la colocación de barreras de contención, material absorbente, tanques, entre otros. El fin es preservar las fuentes de agua ante una posible rotura de las líneas de transporte.
Además, el Ministerio de Energía precisó qué inmediatamente registrada la emergencia, se estableció un Comité de Crisis Interinstitucional conformado por personal del Ministerio de Energía, Petroecuador, la empresa Oleoducto de Crudos Pesados y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
El propósito de este equipo es evaluar de manera permanente el estado del socavón y el proceso erosivo del río Coca (Quijos), para emitir alertas tempranas y viabilizar soluciones a corto plazo que eviten afectaciones ambientales y pérdidas para el Estado ecuatoriano.
