El Gobierno de Daniel Noboa mantiene firme la eliminación del subsidio al diésel pese a las protestas sociales. La medida genera ahorro fiscal y reduce el contrabando, pero también provoca pérdidas económicas en varios sectores.
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Un mes sin subsidio al diésel en Ecuador
Este 13 de octubre de 2025 se cumple un mes desde que Ecuador eliminó el subsidio al diésel, una política que estuvo vigente más de cinco décadas. El presidente Daniel Noboa oficializó la medida mediante decreto ejecutivo, elevando el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares
El Gobierno justificó la decisión como un paso necesario para ordenar las cuentas públicas y redirigir los recursos hacia los sectores más vulnerables. Según el Ministerio de Finanzas, el país dejará de gastar un promedio de 2,5 millones de dólares diarios en el subsidio al diésel, lo que representa un ahorro anual superior a los 1 100 millones de dólares.
El Ejecutivo busca redistribuir esos recursos entre los sectores más vulnerables. Hasta ahora ha entregado bonos y créditos para el sector del agro y emprendedores, compensaciones temporales para transportistas, ampliación de beneficiaros del Bono de Desarrollo Humano, entre otros.
Impacto fiscal y reducción del contrabando
El Ministerio de Energía reporta que, tras un mes de aplicación de la medida, el consumo nacional de diésel cayó un 13,4%. En las provincias fronterizas y mineras la reducción ha sido más notoria: Carchi (-25,7%), Imbabura (-25,1%) y El Oro (-22,6%).
Estas cifras evidencian, según el Gobierno, que gran parte del combustible subsidiado terminaba en redes ilegales. “Con la eliminación del subsidio, el contrabando y la minería ilegal pierden rentabilidad”, afirmó la cartera de Energía.
Protestas y pérdidas económicas
A pesar de los argumentos fiscales, la decisión provocó descontento social. Desde el 22 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lidera protestas focalizadas en varias provincias de la Sierra. El ataque a la caravana presidencial en Cañar, el 7 de octubre, agravó la tensión política.
El paro, aunque no ha sido generalizado, genera pérdidas importantes. El sector florícola reporta cerca de 1 millón de dólares diario en pérdidas, mientras que el turismo calcula afectaciones de 2 millones de dólares diarios en el norte del país.
Según la Cámara de Industrias y Producción, las pérdidas totales en los primeros 13 días de protestas superan los 70 millones de dólares, principalmente en Imbabura y Carchi.
Hasta el momento, las movilizaciones dejan un fallecido, más de un centenar de heridos y cerca de cien detenidos, varios de ellos bajo cargos de terrorismo.
Una medida que resiste
La eliminación del subsidio al diésel bajo el gobierno de Noboa ha durado más que los intentos de sus antecesores. En 2019, el presidente Lenín Moreno elevó el precio del galón de 1,03 a 2,30 dólares, pero el decreto fue derogado tras 12 días de violentas protestas.
En 2022, Guillermo Lasso intentó aplicar un sistema de bandas de precios, lo que derivó en un paro de 18 días y más de 200 acuerdos con el movimiento indígena, sin lograr una focalización efectiva.
Este 2025, las protestas cumplen 22 días, pero el Ejecutivo mantiene su postura: la eliminación del subsidio es irreversible.
Noboa anunció que desde el 12 de diciembre entrará en vigencia un sistema de bandas que hará que el precio del combustible varíe según el mercado internacional del petróleo. El Gobierno prevé que el diésel bajará, ya que el precio del crudo sigue descendiendo.
Opiniones y desafíos
Para el Oswaldo Erazo, secretario de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe) considera que la decisión “es valiente y necesaria”, pues los subsidios “no lograron redistribuir ingresos y generaron ineficiencia energética”.
Por otro lado, Pablo Hidalgo-Romero, docente de la Business School de la UIDE, considera que el fin del subsidio al diésel marca un cambio clave en la política económica del Ecuador. Aunque busca ahorrar unos 1 100 millones de dólares al año y reducir el déficit fiscal, la medida afecta directamente a los sectores más vulnerables.
El diésel es fundamental para el transporte público, escolar y agrícola, por lo que su alza encarece la producción y distribución de bienes. Si bien el subsidio beneficiaba también a grupos de mayores ingresos, eliminarlo también afecta a los hogares pobres.
El reto advierte Hidalgo, no es solo fiscal. En un país con altos niveles de pobreza y desigualdad, especialmente rural, retirar el subsidio sin una estrategia de apoyo sostenida puede agravar la vulnerabilidad social y frenar la recuperación. Más que una medida económica, se trata de definir un modelo de desarrollo que combine eficiencia con equidad, protegiendo a los más afectados y fomentando la productividad.
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