El despido intempestivo en Ecuador muestra cifras preocupantes en 2024
En Ecuador, los despidos intempestivos aumentaron un 10% en 2024, mientras que el empleo formal sigue estancado.
Entre enero y noviembre de 2024, se registraron 627 924 actas de finiquito o separaciones laborales en Ecuador, según los últimos datos del Ministerio del Trabajo. La cifra representa una reducción del 7% en comparación con el mismo período de 2023, cuando hubo 671 139 terminaciones laborales.
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De los 11 motivos de desvinculación laboral, solo tres aumentaron: despido intempestivo, muerte o incapacidad del empleador y caso fortuito. Este último creció (65%).
Despido intempestivo en Ecuador
El despido intempestivo, que ocurre cuando el empleador finaliza el contrato sin una justificación, aumentó un 10%. En los primeros 11 meses de 2023 se registraron 29 763 casos, mientras que en el mismo período de 2024 la cifra subió a 33 099.
Gabriel Reyes, de 44 años, es uno de los afectados. Trabajó por más de 20 años en una entidad financiera; los primeros 15 meses lo hizo bajo un esquema de tercerización y, desde 2004, fue parte de la nómina. A finales de 2023, después de casi dos décadas en la empresa, fue despedido intempestivamente.
“Yo ya lo veía venir, porque desde hace unos 8 años la empresa ha aplicado una política de no mantener empleados con más de 20 años de servicio. Puede ser por el tema de la jubilación patronal, pero nunca me lo dijeron directamente”
Desde su desvinculación, Reyes ha enfrentado dificultades para conseguir un nuevo empleo. A pesar de contar con dos maestrías y un alto nivel de inglés, la edad se ha convertido en un obstáculo. Muchas empresas limitan la contratación a personas menores de 40 años. Además, los bajos salarios en las ofertas laborales han complicado aún más su situación.
Ante la falta de oportunidades, intentó emprender ofreciendo servicios de capacitación financiera, pero encontró barreras como la alta competencia y la falta de recursos.
El empleo en Ecuador
La generación de empleo es una de las dificultades que ha tenido el Ecuador desde hace varios años. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), tres de cada 10 ecuatorianos cuentan con un empleo formal, es decir, tienen al menos el salario mínimo y trabajan 40 horas semanales. El resto tiene trabajos informales.
Para David Castellanos, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, el empleo está estancado desde hace varios años y se necesitan reformas estructurales para mejorarlo. “Las últimas leyes lo que han buscado es tratar de evitar que haya despidos, pero no hay un tema de estimulación real para la generación de empleo”.
También señaló que estas reformas deben buscar inversión privada para generar riqueza.
Para Vanessa Velásquez, experta en derecho laboral, también falta una reforma estructural que realmente incentiven la generación de empleo.
Según Velásquez, las normativas laborales vigentes, lejos de fomentar la contratación, generan una reacción adversa en los empleadores. “Lo que hacen es presionar para cumplir con un porcentaje de inclusión, pero sin enfocarse en la capacitación o en las necesidades reales del mercado”.
En su opinión, la generación de empleo debería estar atada a beneficios tributarios, como la reducción del aporte patronal al IESS para ciertos sectores estratégicos.
Promesas electorales sin cambios estructurales
Velásquez advierte que los candidatos a la Presidencia evitan tocar temas políticamente sensibles como una reforma laboral profunda. “Todos prometen generar empleo con inversión extranjera y obra pública, pero en los últimos 10 años la inversión foránea ha sido mínima y la obra pública no ha dinamizado la economía como se esperaba”, señaló.
En este contexto, la especialista enfatiza que la estabilidad laboral no solo depende del Ejecutivo, sino también de la Asamblea Nacional. “Si el nuevo Presidente no cuenta con una mayoría legislativa que apoye reformas laborales reales, cualquier intento de cambio se estancará”.
Además, para enfrentar la crisis de empleo, Velásquez propone que el próximo gobierno trabaje en normativas sectoriales específicas a través de acuerdos ministeriales, como la flexibilización de contratos en sectores estratégicos. “La solución no pasa solo por promesas de campaña, sino por voluntad política y conocimiento técnico para modernizar el mercado laboral ecuatoriano”, concluyó.
