12 de February de 2011 00:00

La Corte dejó sin efecto fallo de la Cervecería

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En la Corte Constitucional los conflictos aparecen cada día. Ayer, sorpresivamente, los jueces decidieron dejar sin efecto su cuestionado fallo que afectaba a los ex empleados de Cervecería Nacional.

El retroceso se dio cuando la Fiscalía y la Contraloría investigan un supuesto soborno que afecta al organismo. El asambleísta de Sociedad Patriótica, Galo Lara, denunció que la Cervecería canceló más de un millón de dólares a Alfredo Larrea, hermano del secretario de la Corte, Arturo Larrea.Este caso es una caja de Pandora. Se descubrió que Alfredo Larrea hace apenas un año que consiguió el título de abogado, que también había trabajado como asesor en la Corte y, según Lara, que el 17 de enero retiró USD 200 000 de un banco.

Ese mismo día, la Corte decidió acoger el pedido del Juzgado Primero de Tránsito de Pichincha para dirimir entre dos fallos sobre la demanda de los ex empleados de la Cervecería Nacional.

El uno, emitido por el Juzgado Noveno de la Niñez y Adolescencia de Guayas, dio la razón a los ex empleados y ordenó la detención de USD 90 millones de las cuentas de la empresa y prohibió la comercialización y difusión pública de sus cervezas. Mientras que el otro del Juzgado de Tránsito de Quito suspendió esa resolución.

Entonces, la Corte decidió enderezar ese entuerto legal. Era la primera ocasión que trataban un caso de esta característica, pero sus jueces estaban convencidos de que marcaría un precedente jurídico, respaldado por las facultades que les da la Carta Magna.

Una semana después, seis jueces dejaron sin efecto la demanda de los ex empleados. Ellos fueron Patricio Pazmiño (presidente), Édgar Zárate, Patricio Herrera, Roberto Bhrunis, Nina Pacari y Ruth Seni Pinoargote.

Su polémica decisión causó el repudió de los ex empleados. Cada día, ellos protestaban en la puerta de Corte Constitucional, llevando carteles y una gigantografía de uno de los cheques supuestamente recibió Alfredo Larrea por parte de la Cervecería.

La denuncia no cayó en el mejor momento para los jueces constitucionales. En sus manos está la resolución sobre el pedido de consulta popular que impulsa el Gobierno. Esta propuesta intenta reestructurar la Función Judicial y ha sido cuestionada por varios sectores del país: académicos, indígenas, productivos, gremios, opositores y aliados del movimiento del presidente Correa.

En esta coyuntura, los miembros de la Corte, al parecer, quisieron quitarse un peso con el caso de la Cervecería. Sus nueve miembros dejaron sin efecto todo lo actuado. Para su decisión argumentaron que su antigua resolución no había sido notificada, es decir no entró en vigencia.

Pazmiño sostuvo que “se detectó que el juicio contra la Cervecería estaba en la etapa de apelación en la Corte de Guayaquil. Entonces, como la Corte no había notificado su sentencia, y por lo tanto, no tenía efectos jurídicos, se decidió dejar sin efecto todo lo actuado desde el comienzo”. Sin embargo, no aclararon si las medidas contra la Cervecería nuevamente entrarán en vigencia.

En la reunión también se discutió la separación del secretario Arturo Larrea, como una medida para precautelar la imagen de la Corte; pero no se llegó a una decisión. Pazmiño sostuvo que una resolución se tomará próximamente y dijo que los jueces han sido víctimas de una presión política por la consulta popular.

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