¡Entérate primero con El Comercio! Nuevo
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.
Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la Ley Orgánica de Integridad Pública. Las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador han manifestado su rechazo a la disposición transitoria décima primera, porque obligará a algunas cooperativas a transformarse en bancos.
Según el gerente de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icored), Edgar Peñaherrera, esta disposición atenta contra el principio de autodeterminación, tanto de las organizaciones como de las personas.
Esta disposición no estaba en el proyecto original, ni siquiera en el primer debate legislativo, sino que fue introducida en el segundo debate, “poco antes de presentar el informe final”.
Peñaherrera rechaza que se obligue a una institución “a transformarse en algo que no forma parte de su naturaleza, sin una consulta ni una base sólida”.
No dejes de leer: Pleno de la Asamblea aprobó la Ley de Integridad Pública con la introducción de nuevos textos
La norma no define qué significa ser una cooperativa “sistémica”, ni los criterios para decidir cuáles se transformarán. Esa decisión se delega a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, sin garantías de participación del sector, dice el gerente de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur), Juan Pablo Guerra.
Guerra insiste que no se conoce qué instituciones estaría en esa categoría de sistémica.
Peñaherrera recuerda que una cooperativa es una entidad conformada por personas que se asocian libre y voluntariamente para resolver necesidades comunes.
En Ecuador, las cooperativas de ahorro y crédito llevan más de 65 años funcionando y “han sido claves para la inclusión financiera, especialmente en sectores donde la banca tradicional no llega”.
Sin embargo, ahora se plantea que algunas cooperativas deberían convertirse en bancos. “Esta idea es absurda, ya que en muchos países hay cooperativas más grandes que bancos, y no por eso pierden su esencia”.
Guerra establece una diferencia: una cooperativa es una sociedad de personas, autogestionada, democrática y sin fines de lucro. En cambio, un banco es una sociedad anónima con fines de lucro, donde el control está en manos del capital, no de las personas.
Te puede interesar: Cooperativas de ahorro y crédito reciben USD 36 millones para generar créditos
Peñaherrera señala que las personas no se asocian para seguir siendo pobres. “Se asocian para superar la pobreza, acceder a productos y servicios financieros adecuados y organizarse colectivamente”. El objetivo de una cooperativa es resolver las necesidades de sus socios y, mientras más grande es, mayor es su impacto.
“Desde que se aprobó el informe de segundo debate, muchas personas ya están preocupadas. Microempresarios y socios de cooperativas temen que las suyas sean obligadas a convertirse en bancos. Esto genera incertidumbre”.
Además, no se ha aclarado qué cooperativas estarían obligadas a transformarse; solo se habla de que serían las de “carácter sistémico”, pero eso no está definido con precisión, dice Guerra.
Guerra añade que el sector cooperativo está a favor del fortalecimiento del sistema financiero, la transparencia o la lucha contra la corrupción. Sin embargo, este cambio legal fue introducido sin debate previo y no formó parte del proyecto original enviado por el presidente Daniel Noboa. “Al incluirlo sin consulta, se impidió que las organizaciones del sector expresaran su posición técnica y constitucional”.
Esta disposición viola la ley vigente, afirma Peñaherrera. El Código Orgánico Monetario y Financiero, en su artículo 174, establece que una entidad solo puede convertirse dentro del mismo sector financiero: público, privado o popular y solidario.
Peñaherrera cita como ejemplo que una mutualista puede transformarse en cooperativa, y una cooperativa en caja, porque pertenecen al mismo sector solidario. Pero no se puede obligar a una entidad del sistema financiero popular y solidario a convertirse en parte del sistema financiero privado (bancos).
En una cooperativa, los socios tienen certificados de aportación. En cambio, en un banco hay accionistas. Si una cooperativa se convierte en banco, ¿qué pasará con los socios?, se preguntan Guerra y Peñaherrera.
¿Se convertirán en accionistas? En otros países, como México, cuando esto sucedió, los socios perdieron su condición y no se les reconoció como accionistas, dijo Peñaherrera.
Esto va en contra del principio cooperativo y del derecho de los socios a participar democráticamente en la gestión de su institución, añade Guerra.
En Ecuador están registradas 398 cooperativas, que cuentan con más de 6,1 millones de socios.
El sector maneja más de 28 000 millones de dólares en activos, más de 22 000 millones en depósitos y cerca de 20 000 millones en cartera de crédito.
Solo las tres cooperativas más grandes (CPN, Jardín Azuayo y JEP) representan casi el 25 % del total del sistema, dice Peñaherrera.
Guerra destaca que las cooperativas están presentes en parroquias rurales, comunas y zonas marginadas donde ni la banca pública ni privada llega. “Si se convierten en bancos, dejarían de atender a estas poblaciones por falta de rentabilidad, afectando gravemente la inclusión financiera en el país”.
Guerra informa que el sector cooperativo ha solicitado al presidente de la República, Daniel Noboa, que vete la disposición transitoria.
Si eso no ocurre, “se presentará una demanda de inconstitucionalidad. El sector está unido y decidido a defender su modelo hasta las últimas consecuencias”, agrega Peñaherrera.
Información relacionada: https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.