
El presidente Daniel Noboa firmó el 19 de junio de 2026 el Decreto Ejecutivo 428, que incorpora una reforma para extender las compensaciones económicas para ciertos segmentos del transporte público.
Esta medida responde a la eliminación del subsidio al diésel, que impacta en los transportistas por el aumento del precio del petróleo, por la guerra entre Estados Unidos e Irán.
La decisión no implica una prórroga automática de los pagos, sino que faculta al Comité de Optimización Energética evaluar una ampliación de los beneficios.
Si se concreta esta evaluación, los propietarios de buses intraprovinciales e interprovinciales podrían recibir compensaciones hasta nueve meses adicionales. Mientras que el transporte intracantonal podría acceder a una extensión de hasta cuatro meses más.
Esta reforma modifica el Decreto Ejecutivo 125, emitido el 12 de septiembre de 2025, cuando el Gobierno eliminó el subsidio al diésel. En ese momento, se implementó un esquema de compensaciones para evitar que el incremento del combustible se trasladara a las tarifas del transporte público de pasajeros.
Originalmente, las compensaciones económicas se entregarían durante ocho meses, plazo que concluyó entre abril y mayo de 2026. Con el nuevo decreto, se elimina el límite temporal rígido y se deja en manos del Comité la decisión sobre la continuidad del mecanismo.
Según el texto del Decreto 428, para el transporte intracantonal —urbano, combinado y rural— la compensación podrá extenderse hasta cuatro meses más. En el caso de los buses intraprovinciales e interprovinciales, el período adicional podría llegar hasta nueve meses. Esta medida entró en vigencia desde su suscripción.
Hasta abril de 2026, el Estado había destinado más de 177,5 millones de dólares para cubrir compensaciones dirigidas a aproximadamente 57 mil transportistas en todo el país. Los montos entregados varían según la modalidad de operación y el consumo de combustible de cada unidad.
La eliminación del subsidio al diésel fue una de las reformas económicas más relevantes impulsadas por el Gobierno de Noboa. Este argumentó que el subsidio representaba un costo anual superior a 1 100 millones de dólares para las finanzas públicas y que parte de esos recursos beneficiaba a actividades como el contrabando.
La nueva decisión del presidente Noboa sobre las compensaciones al transporte público llega en un contexto marcado por la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles.
Desde la implementación del sistema de bandas, el valor del diésel se ajusta periódicamente según las condiciones del mercado internacional. Esto ha generado preocupación entre los gremios transportistas por los altos precios del petróleo, luego de cuatro meses de guerra en Oriente Medio.
Durante las últimas semanas, los dirigentes del sector del transporte público solicitaron al Gobierno una extensión de las compensaciones. Argumentaron que el alza del combustible continúa afectando la sostenibilidad financiera de las operadoras y podría presionar futuras revisiones tarifarias.
Con el Decreto 428, el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de prolongar el respaldo económico al sector mientras evalúa el comportamiento de los precios del diésel y sus efectos sobre la movilidad y la economía nacional.