Colombia mantiene restricción a camiones de Ecuador y gremio alerta sobre su impacto

ANDINATIC denuncia que la medida, vigente desde 2020, genera sobrecostos y vulnera el libre tránsito en la Comunidad Andina.

Se reportó la desaparición de Odalys Anahí Mosquera Correa, de 15 años, es buscada en Quito.

La Asociación Andina de Transportistas Internacionales por Carretera (ANDINATIC) recordó que Colombia mantiene, desde febrero de 2020, una restricción al ingreso pleno de camiones ecuatorianos bajo la modalidad de “cambio de tripulante”, pese a que la emergencia sanitaria que la motivó ya fue superada.

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Una medida que se volvió permanente

ANDINATIC señaló, este martes 24 de febrero de 2026, que la disposición fue implementada como una acción extraordinaria durante el cierre fronterizo derivado de la pandemia. Sin embargo, el gremio advirtió que, tras más de seis años, la restricción ha adquirido un carácter permanente sin una justificación técnica ni jurídica actual.

La organización explicó que esta modalidad impide que los camiones ecuatorianos ingresen plenamente a territorio colombiano y obliga a realizar cambios de tripulación en la frontera, lo que altera la dinámica habitual del transporte internacional por carretera.

Sobrecostos y distorsiones logísticas

El gremio detalló que la medida limita el acceso de transportistas ecuatorianos a depósitos logísticos ubicados en Colombia. Esta situación genera demoras en las entregas, incrementa los costos operativos y produce distorsiones en la cadena logística binacional.

ANDINATIC sostuvo que estas restricciones afectan la competitividad del transporte ecuatoriano y repercuten en el comercio entre ambos países. Además, advirtió que la prolongación de la medida impacta en la planificación de rutas y en la eficiencia del servicio internacional de carga.

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Señalamientos sobre normativa andina

La Asociación consideró que la restricción constituye un incumplimiento de la normativa comunitaria andina, que garantiza el libre tránsito, el trato no discriminatorio y la integración efectiva entre los Países Miembros.

En ese contexto, el gremio reafirmó su compromiso con una integración andina basada en el respeto a las normas comunitarias y en la solución de controversias mediante el diálogo constructivo.

ANDINATIC expresó su expectativa de que, a través de los canales de conversación bilateral, se pueda solventar esta situación y restablecer plenamente el libre tránsito para los transportistas ecuatorianos.

Finalmente, la organización reiteró su disposición permanente para contribuir, desde el ámbito técnico y gremial, a la construcción de soluciones que fortalezcan la integración regional y permitan normalizar el transporte internacional por carretera entre Ecuador y Colombia.

‘Guerra’ arancelaria entre Ecuador y Colombia

La disputa comercial entre Ecuador y Colombia escaló en 2026 tras la imposición recíproca de aranceles del 30%. El 21 de enero, el Gobierno ecuatoriano anunció una “tasa de seguridad” del 30% a determinadas importaciones provenientes de Colombia. La medida fue presentada como una acción para enfrentar distorsiones comerciales y proteger la producción nacional.

En respuesta, el Gobierno colombiano expidió el Decreto 0170 de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro y varios ministros de Estado. La norma impone un arancel del 30% ad valorem a 23 partidas arancelarias ecuatorianas, desagregadas en 73 subpartidas, y entró en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial el 23 de febrero.

Colombia fundamentó su decisión en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena y en el artículo XXI del GATT de 1994, que contempla excepciones por razones de seguridad nacional. El decreto sostiene que la medida es una reacción directa al gravamen aplicado por Ecuador en enero.

Además del arancel, Bogotá estableció restricciones al ingreso terrestre de ciertas mercancías por los pasos de Ipiales y Puerto Asís. Algunas subpartidas, como arroz y productos agropecuarios frescos, no podrán ingresar por esos cruces bajo ningún régimen aduanero. También se prohibió el ingreso terrestre de insumos vinculados con la producción de fentanilo.

La norma prevé aprehensión de mercancías y medios de transporte en caso de incumplimiento, sin opción de legalización o reembarque. El conflicto comercial se desarrolla en el marco de la Comunidad Andina y ha derivado en acciones legales y reclamos bilaterales.


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