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La guerra comercial entre Ecuador y Colombia escaló esta semana al plano comunitario. El 17 de febrero de 2026, la Cancillería ecuatoriana informó que presentó tres reclamos formales ante la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por presuntas vulneraciones a compromisos subregionales.
El noticia se produjo en medio de los anuncios de que Colombia habría interpuesto dos demandas contra Ecuador ante la CAN por la aplicación de una tasa de seguridad del 30 % a productos colombianos.
El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, reiteró este 18 de febrero que Ecuador no ha recibido un compromiso firme de Colombia para reforzar el control fronterizo, argumento que sustenta la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, vigentes desde el 1 de febrero de 2026.
En medio de la escalada comercial iniciada tras la decisión del presidente Daniel Noboa y las represalias anunciadas por Bogotá, Jaramillo aseguró que el diálogo bilateral no está roto y descartó una salida de la Comunidad Andina, aunque insistió en que no puede haber comercio sostenible sin operativos coordinados, intercambio de información e inteligencia para garantizar la seguridad en la frontera.
Según el Gobierno de Ecuador, Colombia habría incumplido decisiones del Tribunal Andino de Justicia y adoptado medidas incompatibles con los compromisos comunitarios, lo que afectaría el comercio bilateral y sectores estratégicos.
Este 18 de febrero, el economista Juan Sebastián Naranjo señaló que el conflicto difícilmente se resolverá antes de las elecciones presidenciales en Colombia, que están previstas para mayo próximo.
A su criterio, más allá de un eventual pronunciamiento de la CAN, la solución dependerá del escenario político y de la vía diplomática una vez que se conozca al nuevo mandatario colombiano.
El analista también señaló que, aunque las medidas afectan a ambos países, el impacto podría ser mayor para empresarios colombianos, debido al déficit comercial que Ecuador mantiene con ese mercado, de cerca de 1 000 millones de dólares, y la posibilidad de sustituir proveedores en un entorno globalizado.
Por ahora, las tasas siguen vigentes y el diferendo se tramita en el marco institucional andino, sin una fecha definida para su desenlace.
Información externa: CAN
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