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El Gobierno presentó la proforma presupuestaria 2027, un documento que establece cómo se distribuirán los recursos públicos durante el próximo año. El monto previsto asciende a 50 213,09 millones de dólares, equivalentes al 35,18% del producto interno bruto (PIB).
La propuesta incluye mayores asignaciones para educación, salud, gobiernos locales e inversión pública. Sin embargo, también proyecta un déficit fiscal de 4 412 millones de dólares y contempla ingresos de financiamiento público por 13 671 millones. A estas cuentas se suman los posibles gastos que demande el fenómeno de El Niño.
Las partidas más altas del presupuesto corresponden a educación y salud pública. El primer sector recibirá 6 681,29 millones de dólares, mientras que para el segundo se contemplan 5 855,94 millones, destinados a cobertura hospitalaria y programas sanitarios.
La propuesta también incluye 4 346 millones de dólares para la preasignación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y 1 652 millones para las universidades y escuelas politécnicas.
La programación se sustenta en un crecimiento económico del 2,5 %, una inflación del 2,2 % y un precio de exportación del petróleo de 66 dólares por barril, sin incorporar nuevas cargas tributarias, explicó el viceministro de Finanzas, Miguel Hernández ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.
Las asignaciones se relacionan con servicios que utiliza la población, como la atención médica y la educación. La economista Jessica Erazo señala que detrás de las cifras están las familias ecuatorianas y que la eficiencia del gasto público debe reflejarse en hospitales que funcionen correctamente, educación de calidad, seguridad y oportunidades laborales.
Para Erazo, el país necesita mantener disciplina fiscal y, al mismo tiempo, fortalecer su aparato productivo, atraer inversión y generar empleo e ingresos de manera sostenible.
El Plan Anual de Inversiones (PAI) aumentará aproximadamente 563 millones de dólares frente al presupuesto codificado a septiembre de 2026. Esto representa un crecimiento cercano al 23%.
Entre las obras prioritarias constan el Quinto Puente y el Viaducto Sur, en Guayas; planes habitacionales; el Programa de Desarrollo Amazónico; la ampliación de la carretera Yambo–Ambato y el paso lateral Guaranda–Ambato.
También se incluyen el fortalecimiento de la atención médica, el edificio del Museo Nacional del Ecuador, el distribuidor de tráfico Monay–IESS, el Mercado Central de Jipijapa y el Parque Tachina, en Esmeraldas.
Erazo considera que una inversión pública bien planificada puede dinamizar la producción, mejorar la infraestructura y contribuir a generar empleo. El resultado dependerá de cómo se ejecuten los recursos destinados a esos proyectos.
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— El Comercio (@elcomerciocom) November 5, 2026
La proforma destina 4 346 millones de dólares a los GAD por el Modelo de Equidad Territorial y otras competencias. La cifra representa un incremento de 618 millones, equivalente al 17%, frente a septiembre de 2026.
Estos recursos se orientan a sistemas de agua potable, alcantarillado, riego, vialidad y manejo de residuos. Por eso, su ejecución tiene relación directa con obras y servicios que forman parte de la vida diaria en los cantones y provincias.
El Ejecutivo calcula un déficit fiscal de aproximadamente 4 412 millones de dólares, equivalente al 3,1% del PIB. El monto es inferior a los 5 414 millones previstos para 2026, aunque todavía evidencia una diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, explica Erazo.
Para financiar sus cuentas, la proforma contempla 13 671 millones de dólares en ingresos de financiamiento, equivalentes al 9,58% del PIB. De ese total, 7 697 millones corresponderían a financiamiento externo y 5 974 millones a financiamiento interno.
Fernando Larrea, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explica que el financiamiento externo provendría de la emisión de bonos y de organismos multilaterales. El interno incluiría inversiones del Seguro Social y de inversionistas privados locales. El economista advierte que, con estas operaciones, crecerá el endeudamiento público.
El proyecto también prevé que continúe el desmantelamiento de los subsidios a los combustibles, especialmente al diésel. De acuerdo con el documento que analizó la Comisión de Desarrollo Económico, el régimen calcula desembolsar 2 593,6 millones en 2027 para ese rubro, un 22% menos en relación a los 3 317,7 millones estimados para este año.
Además, entre los ingresos que espera obtener el Gobierno constan los relacionados con el campo Sacha, además de recursos tributarios, arancelarios y no tributarios.
Larrea considera que la proforma debe analizarse tomando en cuenta los posibles efectos de El Niño. Señala que todavía no se conoce cuánto podrían afectar a la producción agropecuaria e industrial los problemas en las vías y los cortes de luz que se han registrado por el evento climático.
El economista advierte que será necesario realizar ajustes presupuestarios para atender la emergencia. También plantea una programación de seguridad alimentaria para los meses de abril, mayo, junio y julio, ante la posibilidad de que después de las inundaciones llegue un periodo de sequía.
Entre las afectaciones mencionadas están la suspensión de la zafra de caña de azúcar y las pérdidas de cultivos de arroz, cacao y maíz por las inundaciones en la Costa. En la Sierra, en cambio, podría verse afectada la producción de granos, con consecuencias para la disponibilidad de grano tierno durante la Semana Santa, añade.
Larrea considera que se deberá esperar la evolución del fenómeno hasta finales de 2026 y durante los tres primeros meses de 2027. Ese periodo permitirá evaluar cuánto gasto adicional fue necesario para mitigar los efectos de inundaciones que han sorprendido, como la reportada en Galápagos.
La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el 4 de noviembre el informe de la Proforma del Presupuesto General del Estado para 2027 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2027-2030. En el documento se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional dar su visto bueno a ambos instrumentos, al considerar que se ajustan a lo establecido en la Constitución y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
El informe fue enviado a la Presidencia de la Asamblea Nacional y su titular, Mishel Mancheno, convocó a la sesión para tratar y resolver el contenido de la proforma. La convocatoria fue emitida a las 15:40 de este 6 de noviembre de 2026.
Más información relacionada con la Proforma Presupuestaria 2027
La proforma presupuestaria 2027 es la propuesta del Gobierno para distribuir los recursos públicos durante ese año. Contempla 50 213,09 millones de dólares, equivalentes al 35,18% del PIB.
El presupuesto prioriza las asignaciones para educación, salud, gobiernos locales e inversión pública. También proyecta un déficit fiscal de 4 412 millones de dólares y contempla 13 671 millones en ingresos de financiamiento.
La proforma presupuestaria 2027 contempla 6 681,29 millones de dólares para educación y 5 855,94 millones para salud pública.
Los recursos para salud se destinan a cobertura hospitalaria y programas sanitarios. Además, el presupuesto incluye 1 443,35 millones de dólares para universidades y escuelas politécnicas.
Entre los proyectos prioritarios constan el Quinto Puente y el Viaducto Sur, planes habitacionales, carreteras, infraestructura médica y obras en varias provincias.
La lista incluye el Programa de Desarrollo Amazónico, la ampliación de la carretera Yambo–Ambato, el paso lateral Guaranda – Ambato, el edificio del Museo Nacional del Ecuador, el distribuidor de tráfico Monay – IESS, el Mercado Central de Jipijapa y el Parque Tachina, en Esmeraldas. El Plan Anual de Inversiones tendrá un incremento aproximado del 23% frente al presupuesto codificado a septiembre de 2026.
El Gobierno proyecta un déficit fiscal de 4 412 millones de dólares, equivalente al 3,1% del PIB, y contempla 13 671 millones de dólares en ingresos de financiamiento.
De ese financiamiento, 7 697 millones corresponderían a fuentes externas y 5 974 millones a fuentes internas. Fernando Larrea, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, señala que el financiamiento externo provendría de bonos y organismos multilaterales, mientras que el interno incluiría inversiones del Seguro Social y de inversionistas privados locales.
El fenómeno de El Niño podría obligar al Gobierno a realizar ajustes presupuestarios para atender emergencias y mitigar sus efectos en la producción y la infraestructura.
La información señala que las inundaciones ya afectaron cultivos de arroz, cacao y maíz en la Costa y provocaron la suspensión de la zafra de caña de azúcar. En la Sierra existe el riesgo de afectaciones a la producción de granos. Larrea plantea observar la evolución del fenómeno hasta finales de 2026 y durante los tres primeros meses de 2027 para evaluar los gastos adicionales que se necesitarán.
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