
A finales de diciembre de 2025, el directorio de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) aprobó un acuerdo marco con PowerChina, empresa matriz de Sinohydro, contratista original de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la mayor central del país. La decisión marcó un giro en uno de los litigios más sensibles del sector eléctrico ecuatoriano.
Según conoció El Comercio, la resolución incluyó dar de baja el arbitraje internacional que el Estado mantenía contra Sinohydro por las fallas detectadas en la central. Esta determinación se enmarca en un entendimiento más amplio con PowerChina, que se tramita en el Centro de Arbitraje de Madrid y busca cerrar el conflicto mediante una salida negociada.
El acuerdo facultó a la Procuraduría General del Estado a informar al tribunal arbitral que las partes alcanzaron acuerdo y a solicitar un laudo conciliatorio. Este mecanismo permite cerrar el proceso sin un fallo y con compromisos previamente acordados.
Celec y la empresa china revisaron sus posiciones técnicas, contractuales y financieras, lo que permitió establecer un balance que, según las partes, no genera perjuicio económico para el Estado.
Dentro del entendimiento se contempla una compensación estimada en 400 millones de dólares a favor del Ecuador. Ese monto forma parte del acuerdo global con PowerChina y se incorpora al proceso de conciliación.
Además, el cierre del arbitraje es clave para destrabar un crédito de proveedor cercano a 200 millones de dólares, junto con otros compromisos financieros considerados estratégicos para la sostenibilidad del proyecto.
Mientras el tribunal no emita el laudo conciliatorio y lo notifique oficialmente, no pueden firmarse contratos de operación y mantenimiento de la central. Una vez concluido ese trámite, la empresa china asumirá la administración de Coca Codo Sinclair.
En paralelo, las partes trabajan en los términos contractuales de la operación y mantenimiento, que incluyen el recambio de equipos críticos. Para ello, se estima una inversión adicional de 25 millones de dólares que el Estado busca incorporar como condición.
El avance del acuerdo representa una señal relevante para el sector eléctrico. La salida negociada del arbitraje apunta a reducir riesgos legales, ordenar la gestión de la mayor hidroeléctrica del país y fortalecer la estabilidad del sistema en un contexto de alta sensibilidad energética.
Coca Codo Sinclair, inaugurada en 2016 con 1 500 megavatios de potencia instalada, arrastra desde su inicio miles de fallas constructivas. La Contraloría identificó más de 7 600 fisuras en los distribuidores de agua y más de 17 000 en piezas clave, asociadas al posible uso de materiales inadecuados, lo que derivó en el arbitraje que hoy se busca cerrar.