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En el Plan Nacional Agropecuario 2020-2030, el fortalecimiento de la asociatividad es una meta para esta década. En un país donde 42 de cada 100 productores tienen menos de 1 hectárea (ha) de parcelas, el trabajar en conjunto es una estrategia que ayuda a que el agricultor acceda a líneas de crédito, tecnificación o una mejor ubicación de sus productos en mercados locales y extranjeros.
Para Bernardo Manzano, cabeza del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la meta es clara: la asociatividad es una prioridad para mejorar los niveles productivos. Pero en el camino, de acuerdo con los expertos consultados por este Diario, este mecanismo es complejo de implementar.
Jorge Fabara, exdecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Técnica de Ambato (UTA), explica que hay por lo menos dos factores que influyen para que el agricultor no haya participado en la asociatividad. Estos son la falta de fortalecimiento de las organizaciones y la escasa capacitación dirigida con el propósito de conseguir la unidad.
En el campo ecuatoriano, varios grupos integrados son informales y se han quedado ahí. No han seguido procesos como las federaciones y confederaciones, con una mayor representatividad a escala pública y privada.
De acuerdo con el informe Diagnósticos Territoriales del Sector Agrario, elaborado en 2020 por el MAG, de las 3 760 organizaciones inscritas en el Registro Nacional Agropecuario, el 81,57% tenían la figura de la asociación. El resto se dividían entre colegios, federaciones, juntas, centros agrícolas y demás.
10,42% de productores con menos de 1 ha logran acceder a créditos, según la encuesta agrícola del 2019. Además, 2,5 millones de personas tienen un trabajo estable en el sector agrícola, según datos del 2022.
Para Fabara, luego de casi 60 años de la Reforma Agraria, la asociatividad es necesaria en el país. Él explica que los agricultores recibieron tierras para la siembra, pero en las últimas tres generaciones se ha ido dividiendo el suelo según el número de hijos.
Esto pulverizó la tierra, es decir, del latifundio se pasó al minifundio, microfundio y hasta el wachofundio, con baja rentabilidad debido a sus pequeños tamaños. El reto ahora es unirlos para reducir costos de producción y aumentar las ganancias.
Para el contralor de la Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador, Martín Ávila, la asociatividad es una fortaleza de producción que permite negociar directamente el producto en el mercado.
“Si los productores, entre medianos y pequeños, nos uniéramos para importar en bloque 20 000 toneladas de urea y otros insumos necesarios para la producción, todo el sector se beneficiaría”, afirma.
Darío Cepeda, docente de economía agrícola de la Universidad Central del Ecuador, tiene su mirada puesta sobre la Ley de la Economía Popular y Solidaria. A su criterio, este cuerpo normativo impide que una misma asociación provea al mismo tiempo de servicios, comercialización y producción.
Al restringirse a una sola actividad, el modelo asociativo pierde interés para el productor. Para Cepeda, es necesaria una reforma a la ley para que estos grupos tengan la capacidad operativa para trabajar directamente en la producción. También en la colocación de sus productos, bajo un mismo paraguas organizacional.
Añade que las asociaciones son consideradas como entes sin fines de lucro, algo que limita la capacidad que tienen para reinvertir ganancias en proyectos propios.
Además de mejorar el proceso productivo en el campo, la asociatividad se perfila como una estrategia con un impacto directo en la cadena de valor. Al menos así lo piensa Pablo Moncayo, director de ingeniería agroindustrial de la Universidad de las Américas.
Él manifiesta que este modelo de producción garantiza que los miembros de una misma organización establezcan metas comunes que, en el corto y mediano plazo, ayuden a convertir la materia prima en productos finales. “La asociatividad conecta la cadena de valor. Así ya no se vende cacao, se vende chocolate de alta calidad”, explica.
A pesar de los beneficios, existe un impedimento que es complejo de superar: la desconfianza. Este término aparece en al menos una docena de investigaciones publicadas entre 2018 y 2022 sobre la asociatividad agraria en el Ecuador y es identificada como uno de los principales obstáculos para el pequeño productor. A la gente del campo le cuesta creer que su productividad podrá mejorar gracias a un modelo que une a tierras que ahora están fraccionadas.
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