28 de diciembre de 2018 00:00

31 narcotraficantes están libres desde 2012 tras fallos judiciales

El 5 de marzo de 2014, la Policía decomisó 1,5 toneladas de droga que pertenecían a un jefe narco que luego salió libre. Foto: Cortesía / Policía

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Redacción Guayaquil

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La maniobra legal que el excapitán del Ejército, Telmo Castro, usó para salir libre, también lo emplearon otras personas procesadas por narcotráfico y por financiar el envío internacional de las cargas ilegales.

Entre el 2012 y octubre de este año, 31 narcos, que tenían sentencia en firme, han dejado las cárceles tras acogerse a la prelibertad, luego de que los jueces aceptaran apelaciones, porque los juicios fueron declarados nulos, por casación, por rebaja de penas o por sobreseimientos definitivos.

En esa lista constan cabecillas de organizaciones narcodelictivas que fueron capturados en Los Ríos, Manabí, Guayas y Pichincha. Las investigaciones dicen que todos tenían nexos con mafias colombianas para el envío de droga al extranjero vía marítima o a través de contenedores.

Por ejemplo, un jefe narco, capturado el 24 de julio de 2016, aceptó su culpabilidad y fue condenado a 40 meses de cárcel. Pero en septiembre del 2017 le rebajaron la pena a 24 meses y salió libre.

Pero informes policiales muestran que este procesado financiaba la compra de cocaína en Puerto Palma (Colombia) y ordenaba que se reclute a pescadores de la población manabita de Sancán, para que viajen vía marítima a Tumaco.

En ese pueblo colombiano, los pescadores llenaban las embarcaciones con 500 u 800 kilos de cocaína y viajaban a Centroamérica. Inteligencia detectó que los narcos usaban salvoconductos para que los pescadores regresen a Ecuador vía aérea. En las embajadas fingían haber naufragado en alta mar o haber sido víctimas de trata de personas.

Según el expediente judicial, el jefe narco mantenía reuniones en San Lorenzo (Esmeraldas), Manabí y Santa Elena. También viajó a Puerto Palma.
Como parte de las pruebas, los agentes presentaron registros de llamadas telefónicas y del pago de USD 18 000 de consigna a cada pescador que accedían a llevar la droga.

En otro caso, la Corte nulitó la condena contra el cabecilla de una organización narcodelictiva detenido el 5 de marzo de 2014 en Babahoyo. La decisión se adoptó, porque la sentencia no estaba firmada por un juez de la Corte de Los Ríos.

Tras esta decisión fue liberado el 26 de enero del 2016.

La mayoría de las investigaciones ejecutadas en temas de drogas duran entre tres meses a un año. En todos los casos, como pruebas constan fotografías de reuniones entre narcos, llamadas telefónicas para planificar envíos de narcóticos o traslados de dinero ilegal.

Ese fue el caso de dos hombres detenidos el 13 de junio de 2015 en Manta. Las indagaciones mostraron que ambos coordinaban el abastecimiento de combustible en alta mar, a la altura de las Islas Galápagos y daban seguridad a las lanchas que iban con el alcaloide.

En los informes se dice que uno de ellos daba instrucciones sobre los puntos en donde los pescadores debían entregar el combustible.

Según archivos de la Función Judicial, ambos fueron sentenciados a 16 años de cárcel el 30 de octubre de 2017.

Tres meses después, el 18 de enero de 2018, el Tribunal Penal de Guayas declaró nula la sentencia y ordenó la libertad de los procesados, que se deje sin efecto la prohibición para enajenar bienes y la devolución de USD 8 000 incautados en la operación.

En el expediente se detalla que la condena fue nulitada, porque se dictó en Guayaquil y no en Manta, pues a través de una “versión juramentada”, un agente dijo que las investigaciones se hicieron en Manabí.

Algo similar ocurrió en el caso Fortaleza 75, ejecutado por la Policía Antinarcóticos el 3 de septiembre de 2017 en Santa Elena y Los Ríos. En esa incursión se detuvo a ocho personas por presunto financiamiento y producción de drogas.

Ellos fueron sobreseídos por el Tribunal de Quevedo el 2 de febrero de 2018. En su fallo, los jueces dijeron que “no existen elementos suficientes que demuestren que hayan tenido que ver con el presente hecho delictual investigado”.

Juan Vizueta, director nacional del Consejo de la Judicatura, dijo que la entidad investigará las intervenciones de jueces en casos de narcotráfico.
Este tipo de anuncios comenzó luego de que en agosto pasado, Telmo Castro obtuviera la libertad sin que cumpliera todos los requisitos exigidos.

Tras conocer este hecho, la Judicatura también dispuso la auditoría de todos los casos de prelibertad concedidos a escala nacional. En un comunicado enviado el 20 de diciembre se dijo que el presidente del Consejo, Marcelo Merlo, se mostró preocupado debido a que en el caso del exmilitar, los certificados e informes solicitados por una jueza de Guayaquil, fueron otorgados “en un tiempo récord de 48 horas”.

“Esto nos lleva a que los actos de corrupción no desaparezcan de la administración de justicia, lo importante es poner los correctivos necesarios”, señaló Vizueta a este Diario.

El jefe nacional de Antinarcóticos, Carlos Alulema, aseguró que como ciudadanos y como Policía se sienten “decepcionados” por los fallos judiciales, “pese al riesgo” que toman los agentes para ejecutar las investigaciones.

En los documentos judiciales, revisados por este Diario, también aparece un caso del 2011. El 19 de marzo de ese año, una persona es detenida por drogas y fue señalado por intentar retirar de un garaje ubicado en Píntag, afueras de Quito, un tráiler cargado de droga.

Dentro de este hecho, dos agentes que rastreaban el caso fueron descubiertos por los narcotraficantes. Los llevaron, los maniataron y les dispararon. Un uniformado falleció y el otro se salvó.

El 17 de julio de 2012, el detenido presentó un recurso de casación a la sentencia de 20 años por asesinato y fue aceptada por el Tribunal Constitucional. El ente envió el caso a la Corte de Justicia para su revisión. Salió libre en el 2014.

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