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Nicolás Maduro aprobó la ley que ordena 30 años de prisión por promover sanciones extranjeras al Gobierno y las “autoridades” estatales de Venezuela, este viernes 29 de noviembre de 2024.
La ley fue promovida por la mayoría “chavista” en la Asamblea de ese país.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este viernes la ley que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y “autoridades” del Estado.
“Procedo a firmar la ley orgánica que sí lleva el nombre del libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y en defensa del pueblo de Venezuela y su derecho a la paz y a la felicidad“, dijo Maduro, en una transmisión televisiva.
Maduro indicó que esta norma nació luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara un proyecto de ley que complementa las normas que prohíben a instituciones federales de ese país contratar a personas o empresas que tengan lazos comerciales con el Gobierno chavista.
“Con motivo de eso, los diputados de la Asamblea Nacional entraron a debatir una ley para hacer justicia”, dijo.
“Una ley para defender a Venezuela y para vencer como estamos venciendo y venceremos todas las amenazas y todos los bloqueos del imperialismo norteamericano y sus países satélites”, añadió.
Se trata de la ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela’.
Fue aprobada por unanimidad el jueves e incluye multas de hasta un millón de euros, es decir, 1 055 680 dólares.
La norma aprobada contempla la inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos “delitos”.
Esto también impide a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular.
Tampoco podrán competir en elecciones quien haya “promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución” de “acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos” contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países.
Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas también serán multados.
La ley señala que la multa será la misma que se aplica a personas naturales.
El castigo a los medios incluiría la salida de circulación o del espectro radioeléctrico.
La Ley considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales.
Esto, luego de que el país recibiese más de 900 medidas de este tipo en la última década.
Estados Unidos fue el principal sancionador, según los datos del Gobierno de Venezuela.
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