La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley que ordena 30 años de prisión para quienes promueven sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y autoridades estatales, este jueves 28 de noviembre de 2024.
El órgano legislativo es controlado por el chavismo y la ley debe ser aprobada por Nicolás Maduro para que entre en vigor.
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Este jueves, la Asamblea de Venezuela, aprobó una ley que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y “autoridades” del Estado.
Además, multas de hasta un millón de euros, es decir, 1 055 680 dólares.
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Esto impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular.
Asimismo, tampoco podrán competir en elecciones quien haya “promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución” de “acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos” contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países.
A las personas señaladas por estas acciones se les impondrá la misma condena e igual penalización económica, pagada con moneda local -bolívares- y con la tasa del euro como referencia, al ser más alta que la del dólar, usado de manera regular en el país.
Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que “afecten a la República Bolivariana de Venezuela” también serán multados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.
Otras disposiciones de la ley
La Ley considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales.
Esto, luego de que el país recibiera más de 900 medidas de este tipo en la última década.
Las medidas surgieron, principalmente, por parte de Estados Unidos, según los datos del Gobierno.
Este nuevo marco legal también define como “acciones que ponen en riesgo la soberanía” el desconocimiento a de los poderes públicos.
También, el reconocimiento de investiduras a sujetos que “simulen” representar el poder público.
Además, se crea un registro nacional de personas bajo “presunción fundada” de incurrir en todas estas acciones.
Los registrados corren el riesgo de congelamiento de sus activos y prohibición de hacer operaciones de compra y venta.
En el caso de extranjeros, de ser expulsados y sometidos a una “extinción de dominio” para que el Estado le despoje de bienes.
