La guerra y la violenicia profundizan la vulnerabilidad de mujeres y niñas en todo el mundo. Y Latinoamérica no es la excepción. Miles de ellas han sido asesinadas, desaparecidas, desplazadas, violentadas sexualmente, reclutadas o viven bajo amenazas de grupos armados; una realidad que, a la vez, revela la resistencia femenina en la búsqueda de justicia.
“Fui secuestrada, torturada y abusada por militares. No solo dañaron mis sueños y acabaron con mi dignidad, sino que también sentí que había perdido el valor de ser mujer”, indica uno de los cientos de testimonios de víctimas de violencia sexual en el conflicto en Colombia. Estos fueron recogidos y plasmados en un informe elaborado por la Comisión de la Verdad, establecido en el país sudamericano.
El documento plasma también en sus páginas, abusos similares y de otro tipo cometidos por las partes en conflicto. Estos serían el Estado, guerrilla, paramilitares y narcotraficantes, contra otros grupos sociales.
Pero el caso de la mujer citada es una muestra de la radical situación femenina en las zonas en conflicto de América Latina. Mujeres y niñas siguen viviendo y resistiendo los efectos de la violencia; ya sea como desplazadas, migrantes o habitantes de áreas en combate.
Principales blancos de guerra
“La vulnerabilidad mayor es la violencia y ser utilizadas por actores armados, pero hay otras condiciones también complejas, que se presentan en grupos aún más frágiles, como las migrantes o desplazadas”, explica a Efe Alma Pérez, asesora regional en Paz, Seguridad y Acción Humanitaria de ONU Mujeres.
Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirman que la población femenina es uno de los principales blancos en la guerra. En 2021 se reportaron 3 293 casos verificados de violencia sexual cometidos contra mujeres y niñas en 18 países, incluido Colombia.
Un año antes se evidenciaron al menos 35 asesinatos de féminas defensoras de derechos humanos, periodistas o sindicalistas en siete países afectados por conflictos. Ese número, “un recuento insuficiente”, según Naciones Unidas, superó las cifras de 2018 y 2019.
Dolores múltiples
La líder indígena Rosalina Tuyuc tenía 26 años cuando su padre fue secuestrado en San Juan Comalapa, población 80 km al oeste de la capital de Guatemala. Un cuartel militar funcionó aquí como centro de detención y tortura durante la guerra interna entre 1960 y 1996. Esta dejó 30 000 mujeres víctimas de violencia sexual.
“Siempre había creído que lo iba a localizar en el destacamento de Comalapa, porque sé que allí fue llevado, torturado y asesinado. Pero no lo encontré. La crueldad fue tan grande que dejó sellado ese horror”, narra a Efe Rosalina, quien lleva cuatro décadas buscando los restos de su padre y de su esposo, también secuestrado por fuerzas del Estado.
Marcas en el cuerpo
“Es en los cuerpos de las mujeres en los que muchas veces tiene lugar el conflicto. Un impacto medido, claro, reiterado y deliberado porque es una manera de marcar el territorio, de marcar a una victoria o de humillar al enemigo”, expone la asesora de Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, Alma Pérez.
Es el caso de Haití, el país más pobre de América. Ahí las Naciones Unidas dan cuenta de violencia sexual contra mujeres y niñas, así como de menores reclutadas, en el marco de la actual ola de crímenes por parte de bandas armadas. Estas han convertido a las ciudades, incluida la capital (Puerto Príncipe), en campos de batalla, donde poco puede hacer el Estado.
Problemas estructurales
“Acá en el campo, los hombres tienen que salir a trabajar y las mujeres tenemos que salir a pelear para que terminen con el robo del agua”, relata Verónica Vilches. Ella lleva más de 20 años luchando desde la provincia chilena de Petorca (centro), una de las más afectadas por la escasez hídrica, para que el agua sea un derecho humano.
“No tenemos nada, ni agua para cultivar, ni para ducharnos. Y sin agua no podemos vivir, es una lucha a vida o muerte”, lamenta Vilches, quien denuncia varias amenazas de muerte. Su caso y el de la hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016, se suman a los de cientos de latinoamericanas en riesgo por su defensa de la tierra y los derechos de sus comunidades.
Justicia y resistencia
Aún hay una limitada participación femenina en los procesos de paz. Entre 1992 y 2019 solo el 13% de los negociadores, el 6% de los mediadores y el 6% de los signatarios en procesos importantes de paz, eran mujeres. Sin embargo, cientos de latinoamericanas han asumido por su cuenta un rol de líderes comunitarias y de búsqueda de reparación.
Con ellas, Guatemala se convirtió en referente de justicia en crímenes de violencia sexual, pues lograron que exmilitares y exparamilitares fueran condenados por los abusos en la comunidad indígena de Sepur Zarco. La asesora, Alma Pérez, resalta el trabajo realizado en el país centroamericano, citado en muchos trabajos y tratados.