Palacio de Justicia del condado Miami-Dade. Foto: Captura
Una mujer latina, identificada como Carmen B., se declaró el pasado viernes 21 de febrero del 2020 culpable de la muerte en 2011 de su hija adoptiva y la tortura de su hermano gemelo en un caso que conmocionó al estado de Florida,EE.UU., que tuvo que indemnizar al sobreviviente tras una demanda por “negligencia” contra la agencia a cargo del cuidado de menores.
Barahona además se comprometió a cooperar para que su esposo, Jorge B., sea también enjuiciado, según informó Katherine Fernández Rundle, fiscal estatal del condado Miami-Dade.
La fiscal señaló que con la declaración de culpabilidad “están más cerca” de castigar a los culpables de la muerte y tortura de Nubia, de 10 años, y de la tortura a su hermano gemelo, Víctor.
La mujer aceptó “la responsabilidad por las atrocidades que infligió en dos niños inocentes puestos bajo su cuidado y finalmente adoptados por ella y su esposo y coacusado”, detalló la fiscal.
Fernández Rundle señaló que la declaración de culpabilidad ayudará al enjuiciamiento de Jorge B. “por los horribles actos de los que es responsable contra estos niños inocentes”.
En 2011, Víctor B., ahora de 18 años, fue encontrado inconsciente y con convulsiones en una camioneta estacionada a un lado de una autopista en West Palm Beach, 104 kilómetros al norte de Miami, mientras que su hermana gemela, Nubia, de 10 años, estaba sin vida en la parte trasera el vehículo.
Los menores fueron encontrados en febrero del 2011 por la Patrulla de Carreteras en un vehículo abandonado y empapados con productos químicos tóxicos, de acuerdo con las autoridades.
Ambos niños fueron dados en adopción en 2009 a la pareja pese a “numerosos incidentes” que deberían haber alertado y llevado a una “investigación” de la agencia estatal.
En 2017, el entonces gobernador de Florida, Rick Scott, firmó una ley que permitió indemnizar con USD 3,75 millones a Víctor, el sobreviviente de los malos tratos y abusos por parte de sus padres adoptivos.
El pago hizo parte del acuerdo tras una demanda por “negligencia” contra el Departamento de Niños y Familias de Florida al fallar en la prevención del abuso de los menores.
La ley, aprobada por el Legislativo, permitió el desembolso por parte de la agencia estatal del dinero como parte de un acuerdo legal previo por USD 5 millones.
Esa agencia recibió información de que ambos niños estaban “siendo severamente maltratados” y que corrían peligro en manos de sus padres adoptivos.
Un informe de la agencia estatal de 2011 concluyó además que hubo “brechas significativas y fallos de sentido común, pensamiento crítico, apropiación del caso e intercambio oportuno y preciso de información”.