Imagen referencial. La maestra fue suspendida durante 90 días y luego se reincorporó a la institución educativa. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El Consejo de Protección de Derechos de Quito hizo un pronunciamiento oficial sobre el caso de la maestra de plantel educativo tradicional que amarraba y amordazaba a sus alumnos. El Consejo insta a que se suspenda a la docente y se presente la respectiva denuncia en su contra a la Fiscalía señala el documento publicado este domingo 19 de febrero del 2019.
28 niños y niñas de una unidad educativa tradicional de Quito presuntamente vivían casos de violencia durante los años lectivos 2017 – 2018 y 2018 -2019. El Consejo de Protección de Derechos de Quito señala que, según referencias de los menores, eran tapados la boca con cinta adherente y amarrados a los escritorios de manos y pies, bebían leche con ají, eran maltratos físicamente, entre otras cosas, por parte de una docente.
La maestra fue suspendida durante 90 días, tiempo que duró la investigación, y el 10 de enero del 2020 se realizó la Audiencia de Sustentación de Pruebas, luego de la audiencia, la docente retomó sus actividades en la institución educativa en los primeros días de febrero. Las madres de los estudiantes hicieron público el caso el 12 de febrero del 2020.
El Consejo de Protección de Derechos de Quito rechaza este y todos los casos de maltrato e insta al Ministerio de Educación a que eleve a la violencia escolar en todas sus formas y manifestaciones a la categoría de reto educativo, social y de salud pública.
Además, en este caso, insta a que se suspenda a la docente y presente la respectiva denuncia en su contra a la Fiscalía, al tiempo que investigue el accionar de las autoridades y docentes de la institución educativa y de la Dirección Distrital 17DO4.
Actualmente, el DECE institucional se encuentra realizando un acompañamiento directo y pormenorizado del desarrollo académico y comportamental de los estudiantes.
A continuación la transcripción del comunicado
Rechaza este y todos los casos de maltrato que de forma sistemática continúan evidenciándose en el sistema educativo, así como las decisiones de aquellas autoridades que los resuelve a favor de los victimarios y no de las víctimas.
Exhorta al Estado ecuatoriano a garantizar que las niñas, niños y adolescentes se desenvuelvan en ambientes educativos sanos, seguros libres de violencia y con igualdad de oportunidades . Previniendo y atendiendo todo acto que vulnere sus derechos, es especial su integridad física y psíquica.
Insta al Ministerio de Educación a que eleve a la violencia escolar en todas sus formas y manifestaciones a la categoría de reto educativo, social y de salud pública, diseñando e implementando políticas públicas integrales de promoción, atención de este fenómeno social violento.
Reconociendo que los espacios educativos son contextos altamente jerarquizados, que exigen normas y procedimientos especiales para la denuncia, investigación y proceso judicial. Redoblando esfuerzos para monitorear y supervisar el desempeño de las instituciones educativas públicas y privadas, estableciendo registros y desarrollando estadísticas que permitan dimensionar la magnitud de la problemática.
Particularmente en el caso motivo de este pronunciamiento, suspenda a la docente y presente la respectiva denuncia en su contra a la Fiscalía, al tiempo que investigue el accionar de las autoridades y docentes de la institución educativa y de la Dirección Distrital 17DO4.