El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) investiga al régimen de Nicolás Maduro por el presunto fraude en las elecciones de Venezuela, este martes 3 de diciembre de 2024.
El organismo internacional exigió conservar las actas de escrutinio al régimen de Maduro.
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Un grupo de abogados denunciantes informó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU abrió un caso sobre el régimen de Nicolás Maduro y las elecciones en Venezuela.
Uno de los abogados, Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH, confirmó a EFE que el Comité les notificó hoy que su caso fue abierto.
Además, el dictamen de varias medidas provisionales urgentes mientras investiga, principalmente, conservar los materiales electorales clave, como las actas de escrutinio.
Abrão es uno de los cinco abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington DC (EE.UU.), que denunciaron ante el Comité en octubre violaciones de fraude electoral masivo.
También, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia en Venezuela.
La notificación del Comité, revisada por EFE, indica que este ha “solicitado al Estado parte que se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales”.
Esto incluye las actas de escrutinio y otros documentos necesarios para elaborar el acta de totalización, adjudicación y proclamación.
Los abogados dijeron en una nota que la apertura del caso es un “avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela”.
“Probablemente, concluirá con una decisión internacional muy trascendente e histórica que constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela“, agregaron.
Detalles de la denuncia
En su denuncia, “se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un venezolano común (no candidato), integrante de un grupo de millones de venezolanas y venezolanos cuyos derechos humanos han sido violados por el fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025″.
Ese venezolano común es uno de los abogados, Ignacio Álvarez Martínez, residente en EE.UU., y que denuncia una privación del voto que es común al resto de sus conciudadanos en el extranjero, de los cuales estiman que 5,5 millones están habilitados para votar, es decir, una cuarta parte del electorado.
Los abogados exponen en su denuncia la situación en Venezuela antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio.
Señalan que existe un “patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto, cuando los resultados electorales no favorecen a Nicolás Maduro y sus aliados”.
Los abogados advierten “la posibilidad inminente de que se materialicen daños irreparables a los derechos humanos“.
“A pesar de que se impidió votar al 99 % de los millones de venezolanos que viven en el exterior, las actas de escrutinio publicadas por la oposición revelan que el gobierno en funciones perdió las elecciones“, sentencian.
Este Comité es un organismo de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados partes.
