Juliana Guerrero, exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro, habla sobre sus títulos

Juliana Guerrero, exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro, reconoció ante la Fiscalía General de la Nación su responsabilidad en la falsificación de títulos universitarios. La declaración hace parte de un preacuerdo que contempla una pena de 36 meses de prisión por fraude procesal, indica El País.

Juliana Guerrero reconoce responsabilidad ante la Fiscalía

Durante la audiencia de este miércoles, 9 de septiembre de 2026 Guerrero admitió que actualizó su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II) con documentación irregular. Los documentos fueron presentados ante el Ministerio de la Igualdad.

“Quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida”, afirmó la exfuncionaria.

Según informó El País, el caso comenzó a tomar relevancia en agosto de 2025, cuando la Presidencia publicó la hoja de vida de Guerrero para su eventual nombramiento como viceministra de Juventudes.

El caso de los títulos de la Fundación San José

Guerrero no cumplía inicialmente con el requisito de contar con un título profesional. Posteriormente, una nueva versión de su hoja de vida incluyó un título de contaduría pública de la Fundación Universitaria San José.

Investigaciones periodísticas y denuncias de la congresista Jennifer Pedraza señalaron inconsistencias en la obtención de esos documentos. Entre ellas estaba la ausencia del examen Saber Pro.

El País señaló que la postulación de Guerrero fue retirada después de que surgieran las denuncias. Sin embargo, posteriormente continuó vinculada a espacios de la administración pública.

Fiscalía investiga otros títulos irregulares

El proceso también ha puesto bajo investigación a otras personas vinculadas al Gobierno de Petro. De acuerdo con denuncias de la representante Catherine Juvinao, al menos 24 contratistas habrían presentado títulos irregulares de la Fundación San José.

La Fiscalía analiza el alcance de estas denuncias y la posible participación de funcionarios de la institución educativa.

El País también recogió las declaraciones de Juvinao, quien pidió establecer responsabilidades adicionales dentro del caso.

La situación de Guerrero se suma así a una investigación más amplia sobre la expedición y utilización de diplomas que no cumplirían con los requisitos legales para su obtención.

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