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El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, informó públicamente que antes de culminar su mandato presentó una acción judicial formal contra el actual mandatario, Abelardo de la Espriella.
Según EFE, la denuncia de Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional (CPI) se fundamenta en presuntos actos de persecución política contra colectivos civiles con identidad ideológica, hechos que el exmandatario catalogó como delitos de lesa humanidad ante el tribunal internacional de La Haya.
El pronunciamiento del exgobernante se conoció a través de su cuenta oficial en la red social X, donde detalló que la medida se interpuso en el marco de las facultades que ejercía en el cargo y bajo el amparo de la legislación colombiana articulada al Estatuto de Roma.
De acuerdo con el reporte de EFE, la Corte Penal Internacional es el órgano con sede en los Países Bajos encargado de procesar crímenes de guerra, agresión, genocidio y violaciones catalogadas de lesa humanidad, teniendo jurisdicción en territorio colombiano tras la suscripción del tratado internacional en 2002.
La confirmación sobre el recurso legal se produjo a la par del rechazo de Petro por el asesinato de dos dirigentes campesinos en el suroeste colombiano.
Según EFE, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) notificó el crimen de la pareja integrada por James Flor y María Ovidia Palechor, quienes se desempeñaban como representantes comunitarios en el municipio de Cajibío y militaban en el movimiento Pacto Histórico.
Las indagaciones iniciales sobre el ataque armado dan cuenta de que varios individuos provistos de armas de fuego ingresaron de manera violenta a la residencia que compartían las dos víctimas en la vereda La Pedregosa.
En el interior del inmueble, los atacantes abrieron fuego de forma indiscriminada contra ambos dirigentes sociales, provocándoles la muerte en el lugar.
Frente a este escenario de inseguridad, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó mediante plataformas digitales que con estos dos decesos se contabilizan 103 líderes sociales asesinados de manera violenta en la nación vecina durante el presente año.
Según EFE, el balance de la organización no gubernamental refleja un promedio de un dirigente ultimado cada 2,3 días en territorio colombiano.
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