
La Audiencia de Badajoz condenó este martes 14 de julio de 2026 a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para ejercer empleo público. El tribunal lo declaró autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa relacionado con el cambio de denominación de su cargo en la Diputación de Badajoz.
La sentencia también absolvió a David Sánchez del delito de tráfico de influencias, al igual que a los otros 10 procesados en la causa. Este caso generó un intenso debate político en España desde que comenzó la investigación. El oficialismo y la oposición mantuvieron posturas enfrentadas sobre el proceso judicial.
Las acusaciones populares solicitaron penas de entre tres y seis años de prisión para David Sánchez. En contraste, la Fiscalía pidió su absolución al considerar que no existían responsabilidades penales por los delitos relacionados con su contratación en la Diputación y con la posterior modificación del nombre de su puesto. Finalmente, la Audiencia descartó el delito de tráfico de influencias, pero sí responsabilizó a David Sánchez por cooperación necesaria en la prevaricación administrativa.
En la misma resolución, el tribunal condenó al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación para empleo público. La sentencia atribuyó esa responsabilidad a la contratación de David Sánchez y Luis Carrero, amigo del hermano del presidente.
La investigación comenzó en 2024 tras una denuncia presentada por la organización Manos Limpias, vinculada con la ultraderecha. Esta denuncia cuestionó el proceso mediante el cual David Sánchez obtuvo el puesto en la Diputación. Durante la instrucción, se encontraron indicios que sugirieron que la plaza pudo haberse creado para beneficiar a un familiar del presidente.
David Sánchez renunció el 5 de febrero de 2025 a su cargo como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Dos meses después, en abril de 2025, una jueza ordenó su procesamiento por prevaricación administrativa y tráfico de influencias junto con otros funcionarios. La defensa sostuvo que David encontró la oferta laboral a través de internet y que nunca participó en la creación ni adjudicación del puesto.
La condena se centró en la modificación del puesto que ocupaba David Sánchez. Él accedió en julio de 2017 a la plaza como coordinador de los conservatorios de Badajoz. En 2022, se cambió esa denominación por jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Según la sentencia, esta decisión implicó “una transformación sustancial del puesto adjudicado como personal de Alta Dirección”. Además, eliminó incompatibilidades del cargo para adaptarlo a las preferencias personales de David Sánchez.
Tras conocerse el fallo, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó que el Ejecutivo espera que instancias judiciales superiores confirmen la inocencia de David Sánchez cuando resuelvan el recurso contra esta sentencia. Desde la oposición, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, aseguró que esta resolución demuestra que nadie está por encima de la ley y reiteró su pedido de dimisión al presidente Pedro Sánchez.
Las reacciones también llegaron desde otros sectores del Parlamento. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, afirmó que “los jueces persiguen a la gente por la cara”. Por su parte, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, calificó esta condena como una “auténtica desproporción” y un “aviso para navegantes”. El secretario general de Vox, José María Figaredo, sostuvo que esta sentencia demuestra que “estos tipos son unos chorizos (ladrones)”.
No obstante, David Sánchez no es el único familiar del presidente del Gobierno enfrentando un proceso judicial. Su cuñada, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, permanece bajo investigación por presunto tráfico de influencias y malversación debido a su trabajo en una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.