El Gobierno boliviano se comprometió a retomar sus “estándares de calidad” en el control de los cultivos de hojas de coca para evitar su expansión, luego de que la ONU reportara un aumento del 15% en esas plantaciones en 2020, una situación por la que las autoridades nacionales culparon a la Administración transitoria de Jeanine Áñez.
El Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia 2020, elaborado por la Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) con financiación de la Unión Europea (UE), reveló que las plantaciones de hojas de coca en el país pasaron de 25 500 hectáreas en 2019 a 29 400 hectáreas el año pasado.
El documento fue presentado este martes 31 de agosto del 2021 por el organismo ante los ministros bolivianos de Exteriores, Rogelio Mayta, y de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, y el jefe de Cooperación de la UE en Bolivia, Emanuel Amaral.
El representante de la UNODC en Bolivia, Thierry Rostan, detalló que a partir de 2011 se registró una “tendencia decreciente” de la superficie cultivada en Bolivia hasta alcanzar 20 200 hectáreas en 2015, mientras que desde 2016 hubo una “variación de tendencias” hasta llegar al incremento de 2020.
El informe de la UNODC también reflejó que, entre 2011 y 2015, la superficie de cultivos ilegales de hojas de coca que fueron destruidos estuvo por encima de las 10 000 hectáreas, “lo que contribuyó a la disminución neta y control” de estas plantaciones en ese periodo, señaló Rostan.
Mientras que el año pasado la superficie erradicada fue de 2 177 hectáreas, “la cifra más baja desde que la UNODC” realiza este monitoreo y que “no ha contribuido en la reducción neta” de los cultivos, remarcó el representante.
Postura gubernamental
El ministro Del Castillo deploró los “datos tan nefastos” que a su juicio reflejan “cómo se ha abandonado la política soberana” establecida durante el Gobierno de Evo Morales para la erradicación de cultivos excedentarios de hoja de coca.
Del Castillo responsabilizó por ello al Gobierno interino, al que acusó de no tener “la voluntad de realizar de manera efectiva las tareas de erradicación de cultivos de coca” y calificó de “falacia” que se atribuya los resultados bajos a las restricciones por la pandemia de covid-19.
El Gobierno se trazó “una meta muy alta” que busca “retomar los estándares internacionales que tenía Bolivia” mediante la erradicación de 9 000 hectáreas de cultivos de coca este año, sostuvo.
“Estamos yendo por el camino correcto”, aseguró Del Castillo y destacó que en lo que va de año se han destruido más de 5 300 hectáreas frente a las 675 erradicadas en el mismo periodo de 2020.
La autoridad también defendió el carácter sagrado de la planta, consagrada como tal en la Constitución vigente desde 2009, al asegurar que “no existe hoja de coca ilegal en nuestro país, sino que existe hoja de coca no autorizada”.
Además, destacó que se ha retomado la política soberana de lucha antidrogas que incluye una erradicación de cultivos excedentarios respetuosa de los derechos humanos de los cocaleros y la “revalorización de la hoja de coca”.
Apoyos externos
La UNODC sugirió incrementar la intensidad de las tareas de erradicación de cultivos y las medidas de control para evitar su expansión, sobre todo hacia las áreas protegidas.
Rostan expresó su confianza en que las recomendaciones sean útiles para fortalecer las políticas de control de estas plantaciones y en que los esfuerzos del Estado boliviano permitirán tener niveles “más manejables” este año.
Por su parte, Amaral consideró que los datos del informe “son un llamado de atención” y muestran “la magnitud del desafío que el país tiene por delante”.
“Considerando que se trata de un año en que se ha limitado mucho la capacidad de control por la pandemia, es importante no bajar la guardia y continuar con la tarea de contención de cultivos ilegales”, manifestó.
El diplomático ratificó el apoyo europeo a la estrategia boliviana antidrogas y para el “desarrollo integral con coca” que ya ha recibido más de USD 72 millones y tendrá otros USD 60 millones mediante dos nuevos programas.
La hoja de coca está consagrada en la Constitución boliviana por sus usos tradicionales y medicinales, pero una parte de la producción se desvía al narcotráfico para fabricar cocaína.
En 2017, Bolivia amplió la superficie de los cultivos legales de la planta de 12 000 a 22 000 hectáreas.