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Alex Saab se declaró culpable este martes 15 de septiembre de 2026 de un cargo por lavado de dinero ante una corte federal de Miami. El exministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos que incluye su colaboración en investigaciones abiertas.
Saab también aceptó entregar 195 millones de dólares considerados ganancias del esquema de corrupción. El acuerdo contempla que proporcione información dentro de una investigación contra cuatro personas cuyas identidades permanecen bajo reserva.
La decisión se produce mientras Ecuador revisa las operaciones de la empresa Foglocons y el uso del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, conocido como Sucre. Una investigación previa por presunto peculado permanece abierta, según el informe aprobado el 7 de septiembre por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Saab compareció ante la jueza federal Kathleen M. Williams y admitió su responsabilidad en un cargo por conspiración para lavar instrumentos monetarios.
El delito contempla una pena máxima de 20 años de prisión. Sin embargo, el acuerdo establece que los fiscales recomendarán una condena situada en el extremo inferior del rango que determinen las normas federales.
La Fiscalía estadounidense también podrá solicitar reducciones adicionales si considera que Saab ofrece una cooperación sustancial. Entre las obligaciones consta su participación en las investigaciones contra cuatro personas que no fueron identificadas públicamente.
El proceso se relaciona con contratos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como CLAP, creados para distribuir alimentos en Venezuela.
La acusación del Departamento de Justicia sostiene que Saab y sus colaboradores pagaron sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos destinados a importar productos desde Colombia y México.
La estructura habría empleado empresas de fachada, facturas fraudulentas y registros de envío falsificados. Según los fiscales, ese mecanismo permitió retirar parte del dinero destinado a la adquisición de alimentos.
El Departamento de Justicia también afirmó que una parte de los recursos llegó a cuentas bancarias de Estados Unidos. La acusación situó el comienzo de las operaciones investigadas en octubre de 2015.
#ÚLTIMAHORA | Alex Saab, exministro de Ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, se declara culpable de lavado de dinero tras un acuerdo con la Fiscalía de EE.UU. pic.twitter.com/A29DIO1mSI
— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 15, 2026
Desde 2019, el esquema habría incorporado operaciones con petróleo de la estatal PDVSA. Los procesados habrían obtenido acceso a petróleo venezolano y trasladado los recursos de esas ventas mediante cuentas estadounidenses para financiar u ocultar las operaciones relacionadas con los CLAP.
El Departamento de Justicia presentó estas acusaciones en mayo de 2026, cuando anunció el proceso penal identificado con el número 26-cr-20020.
Estados Unidos ya había procesado a Saab por hechos distintos. Esa primera causa se relacionaba con un supuesto esquema de sobornos y lavado de aproximadamente 350 millones de dólares mediante contratos de construcción y el sistema cambiario venezolano.
Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. En diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden le concedió clemencia como parte de un intercambio que permitió la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.
Después de regresar a Caracas, Saab ocupó el Ministerio de Industrias y Producción Nacional. En mayo de 2026 volvió a quedar bajo custodia estadounidense para responder por la causa relacionada con los CLAP y las operaciones petroleras.
La investigación que concluyó con su declaración de culpabilidad corresponde a hechos que no estaban cubiertos por la medida concedida en 2023, según la información publicada sobre el proceso.
El principal vínculo de Saab con Ecuador aparece en las operaciones de Fondo Global de Construcciones S.A., Foglocons, mediante el sistema Sucre.
La empresa se constituyó en Guayaquil el 17 de octubre de 2012.
El origen de las operaciones se vincula con contratos para la construcción de viviendas en Venezuela. Aunque la empresa original funcionaba en Colombia, otra compañía con el mismo nombre realizó transacciones desde Ecuador.
Entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, Foglocons recibió 159,9 millones de dólares por supuestas exportaciones de planchas y materiales prefabricados hacia Venezuela.
La Fiscalía General del Estado informó que la compañía registró pagos cercanos a 200 000 dólares a sus proveedores. El Banco Central del Ecuador, por su parte, reportó 185 transferencias efectuadas entre el 28 de diciembre de 2012 y el 26 de marzo de 2013.
El dinero salió del Banco Central de Venezuela, pasó por su contraparte ecuatoriana y llegó a dos cuentas bancarias de Foglocons en Ecuador.
La Fiscalía formuló cargos el 22 de noviembre de 2013 contra tres representantes y accionistas de Foglocons. Alex Saab no constó entre las personas procesadas en esa causa ecuatoriana.
Un juez ordenó el bloqueo de 57 millones de dólares pertenecientes a la empresa y prohibió la venta de sus bienes. La Fiscalía también allanó las oficinas de la compañía e incautó facturas y documentos comerciales.
La causa cambió el 28 de julio de 2014, cuando la jueza Madeline Pinargote declaró la nulidad del proceso. El 4 de septiembre de ese año, la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas ratificó esa decisión.
Pinargote ordenó en enero de 2015 la devolución y libre disposición de los 57 millones de dólares. La Fiscalía abrió después una causa por prevaricato contra la jueza y tres integrantes de la Corte Provincial que intervinieron en las decisiones.
En enero de 2016, otra jueza dictó el sobreseimiento de cuatro procesados por lavado de activos. La Fiscalía apeló, pero la causa concluyó sin una condena contra los representantes de Foglocons.
El cierre del proceso por lavado de activos no terminó con todas las revisiones sobre las operaciones efectuadas mediante el Sucre.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea investigó el caso en 2021, cuando Fernando Villavicencio presidía esa mesa legislativa. Ese informe dio paso a una investigación previa de la Fiscalía por presunto peculado.
El 7 de septiembre de 2026, la Comisión aprobó con seis votos una actualización de la investigación. El documento señala que la facultad de la Contraloría para examinar administrativamente las operaciones efectuadas entre 2010 y 2017 habría caducado por el transcurso del plazo legal de siete años.
La mesa legislativa sostuvo que la determinación de posibles responsabilidades patrimoniales correspondería ahora al ámbito penal.
Entre sus recomendaciones, pidió que la Fiscalía analice la información recopilada y determine si corresponde impulsar acciones por presunto peculado. La Comisión entregó un expediente certificado de 11 121 fojas remitido por el Banco Central del Ecuador.
También recomendó evaluar una solicitud de asistencia penal internacional ante las autoridades judiciales y de inteligencia financiera de los países vinculados con las operaciones. La Asamblea Nacional confirmó que esa documentación podrá incorporarse a la investigación previa.
El informe legislativo también examinó las actuaciones de los jueces que participaron en la liberación de más de 56 millones de dólares pertenecientes a Foglocons.
La Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura archivó el expediente en enero de 2022. La actual administración del organismo reabrió esa revisión en julio de 2026.
Este procedimiento se concentra en las actuaciones de los operadores judiciales. La Asamblea recomendó que el Consejo de la Judicatura determine las responsabilidades administrativas que correspondan.
Los términos conocidos del acuerdo de Saab solo confirman que colaborará con investigaciones federales estadounidenses y con una causa relacionada con cuatro personas no identificadas. Hasta el momento, las autoridades no han informado que esa cooperación incluya las operaciones de Foglocons o la investigación previa abierta en Ecuador.
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