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Cientos de agentes federales, estatales y locales irrumpieron la semana pasada en la planta Hyundai Metaplant en Ellabell, Georgia, con una orden judicial que señalaba a cuatro personas específicas.
Sin embargo, el operativo concluyó con la detención de más de 450 trabajadores, sospechosos de vivir y trabajar de manera ilegal en Estados Unidos. De acuerdo con CNN, se trató de la mayor redada laboral hasta la fecha en el marco de la ofensiva migratoria impulsada durante la administración de Donald Trump.
La mayoría de los arrestados —más de 300— eran ciudadanos surcoreanos. Según las autoridades de Seúl, estos trabajadores regresarán a su país en un vuelo fletado por el propio gobierno surcoreano, en un acuerdo considerado inusual por abogados de inmigración.
El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur viajó a Washington para negociar directamente con funcionarios estadounidenses, mientras la embajada y el consulado de su país en Atlanta coordinan acciones para agilizar la salida voluntaria de los detenidos. En paralelo, la compañía LG Energy Solution y sus socios confirmaron que colaboran con el proceso de retorno.
El operativo de ICE se produjo en una instalación de 1 177 hectáreas, destinada a la construcción de vehículos eléctricos y baterías. Aunque ninguno de los detenidos trabajaba directamente para Hyundai, unos 50 eran empleados de LG y cerca de 250 estaban vinculados a HL-GA Battery Company, una firma subcontratada.
En la intervención participaron agentes de Seguridad Nacional, la Patrulla Estatal de Georgia, el FBI, la DEA y la ATF. Según CNN, se trató de una investigación criminal de varios meses que derivó en la ejecución de la orden judicial.
La magnitud de la redada generó protestas frente a la planta, donde manifestantes exigieron justicia para los trabajadores detenidos y cuestionaron la separación de familias.
El gobierno surcoreano, por su parte, aseguró que su prioridad es la rápida liberación y repatriación de los ciudadanos, así como el apoyo a los proyectos de inversión afectados. El caso abrió un nuevo capítulo en la relación bilateral entre Washington y Seúl, en medio de tensiones migratorias.
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