28 de noviembre de 2019 22:12

Mujeres esperan que la Corte active demandas de inconstitucionalidad para despenalizar el aborto por violación

Organizaciones de derechos se pronunciaron este jueves 28 de noviembre del 2019, tras la resolución de la Corte Constitucional, con lo que nuevamente, la ampliación de causales para despenalizar el aborto no se concretó.

Organizaciones de derechos se pronunciaron este jueves 28 de noviembre del 2019, tras la resolución de la Corte Constitucional, con lo que nuevamente, la ampliación de causales para despenalizar el aborto no se concretó. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Yadira Trujillo
Redactora (I)

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Como un ‘ping pong institucional’ define la representante de la Fundación Desafío a la actuación de las instancias del Estado ante su pedido de despenalización del aborto por violación, que fue negado en la Asamblea y luego, pasado a la Corte Constitucional por parte del Ejecutivo.

Organizaciones de derechos se pronunciaron este jueves 28 de noviembre del 2019, tras la resolución de la Corte Constitucional, con lo que nuevamente, la ampliación de causales para despenalizar el aborto no se concretó.

“Pensábamos que la Corte, al ser garante de derechos, del cumplimiento de la Constitución iba a analizar el problema de fondo”, dijo Virginia Gómez de la Torre, vocera de Desafío. “Vemos con tristeza que cada día niñas sigan pariendo producto de un crimen. Es una papa incandescente en la institucionalidad, porque nadie quiere hacerse cargo del problema”.

Además señaló que, al penalizar a las víctimas de violación por interrumpir un embarazo, el Ecuador se mantiene como un país retrasado en cuanto a derechos de las mujeres. “No estamos cumpliendo con recomendaciones de expertos y convenciones que le han dicho al país que debe despenalizar el aborto por violación”.

El Ecuador, asegura la activista, no está a la altura de países del mundo, que incluso han despenalizado el aborto totalmente. “El proyecto de vida de las mujeres, en este país, lo deciden otros”.

Por esa razón, Gómez señaló que las organizaciones de mujeres conminan a la Corte Constitucional a que active las demandas de inconstitucionalidad presentadas para que no se encarcele a las mujeres que hayan sido violadas y decidan abortar. “Esperamos que cumplan y que el próximo año el aborto por violación sea ley”.

En julio, las organizaciones se adelantaron al escenario actual y pusieron una demanda de inconstitucionalidad por norma. Se llama exigibilidad de derechos. En su resolución.

La vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, Sybel Martínez, recordó que el 65% de las mujeres en Ecuador ha sufrido cualquier tipo de violencia. No es nada nuevo –asegura- “lo nuevo sería poner cuerpo y forma a esas cifras”.

Martínez dice que es importante que el gobierno “se dé cuenta de que esas cifras no ocurren al margen de las obligaciones estatales”. En el sistema de protección –dice Martínez- no funcionan los servicios, no están fortalecidos. En la ley no hay voluntad política, ni compromisos ni recursos técnicos y financieros”

Para la Vicepresidenta del Consejo, sin afán de vulnerar los derechos de las mujeres, la Corte “negó la posibilidad de no ser criminalizadas”.

“No vamos a permitir que ningún error o calculado silenciamiento avale la tortura de niñas, adolescentes y mujeres que viven producto de violencia sexual. Tampoco vamos a permitir que reduzcan el presupuesto para poner en marcha la protección ni que se debilite la institucionalidad”.

Martínez también hizo una pregunta al presidente Lenín Moreno: “¿es el desamparo y la desprotección el alto precio que las mujeres debemos pagar en este país?” Y recordó que en Ecuador, 720 mujeres perdieron la vida por ser mujeres, desde el 2014 y que 40 niñas dan a luz a la semana en Ecuador.

Al pronunciamiento de mujeres también asistió Myriam Auz, del colectivo de mujeres Ama de Peralta, de Ambato. Ella dijo que “la violencia está naturalizada, encubierta y protegida por un Estado cómplice, que no nos tiene en su lista de prioridades”. Las mujeres de su colectivo reclaman porque en los presupuestos locales no se entiende la importancia de este problema”.

Rocío Rosero, de la Coalición Nacional de Mujeres, manifestó su preocupación ante la falta de recursos para la implementación de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Lo propio, asegura, pasa con el programa nacional de prevención de embarazo en niñas y adolescentes. Ella dirigió la Subsecretaría a cargo del primer tema.

Asegura que existe falta de institucionalidad, de recursos y de una acción completa, que permita llevar adelante programas de protección prevención y reparación de víctimas.

“Estamos hablando que entre la ley de violencia y la estrategia de embarazo se requieren alrededor de USD 30 millones”.

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