Educación se pronuncia sobre presunta amenaza de violación en plantel de Quito

El Ministerio de Educación respondió este jueves 25 de agosto a EL COMERCIO sobre el relato en el que Stacey Samaniego contó que su hija sufrió acoso sexual.

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El Ministerio de Educación respondió este jueves 25 de agosto de 2022 a EL COMERCIO sobre el relato en el que Stacey Samaniego contó que su hija sufrió acoso sexual. El testimonio de la madre señala que un niño le dijo a su hija de 9 años que iba a violarla, cuando ella salía del baño de su plantel particular, en Quito.

La Cartera de Estado señaló que, según la información remitida por el Distrito Educativo el caso fue remitido a la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de La Delicia. Esto, debido a que los dos estudiantes son menores de 12 años. Además, el Ministerio asegura que se realiza acompañamiento a la familia de la presunta víctima. Y que de manera preventiva se articulan acciones de sensibilización en la institución educativa.

También señalan que desde el Distrito Educativo se ha mantenido seguimiento de ambos estudiantes. El Ministerio aclaró que los niños pertenecen a dos instituciones educativas distintas, lo cual coincide con lo dicho por la madre de la niña.

El ente público informó lo que ocurriría en caso de evidenciarse negligencia por parte del personal de la institución educativa particular. Dijo que, de conformidad con los artículos 132 y 135 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se iniciaría un proceso sancionatorio contra el establecimiento.

Menores de 12 años son inimputables

Dentro del sistema educativo, cualquier acción de índole sexual en perjuicio de otra persona se considera violencia sexual y debe recibir atención inmediata, dice el Ministerio de Educación. Esto es independientemente de la edad de quien presuntamente cometa una agresión. También acompañamiento y seguimiento prioritario por parte de la institución educativa. Sin embargo, de conformidad con el Código de la Niñez y la Adolescencia, las niñas y niños menores de 12 años son inimputables.

Cada institución educativa debe seguir de cerca la evolución académica, física, emocional y social del niño, niña o adolescente que ha sido víctima, dentro y fuera de la institución. Así lo señala el Ministerio de Educación. Además señala que deben planificar actividades en la institución y en articulación con las demás instancias, a través del Plan de Acompañamiento.

La Cartera además indica que en ningún proceso disciplinario referente a violencia se debe realizar confrontaciones o mediaciones. Tampoco se debe realizar resolución alternativa de conflictos entre los implicados, ya que se incurriría en revictimización.

En su relato, la madre dijo que a su hija la obligaron a que dijera lo que pasó en la oficina del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE). Asegura que ahí estaban presentes el supuesto agresor y su madre. También dijo que nunca se protegió la identidad de su hija ante la madre del otro niño. El plantel, en cambio, asegura que se siguieron los protocolos adecuados.

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¿Cuál es el proceso en estos casos?

La abogada Sybel Martínez explica que en un caso como este, el DECE del colegio debe emitir un informe y dirigirlo al rectorado. Desde ahí, la autoridad del plantel es la encargada de informar sobre el hecho violento al Distrito Educativo. Además señala que la autoridad del plantel debe poner una denuncia en la Fiscalía.

Esa institución, señala, es la que debe establecer que se trata de un menor inimputable. “La autoridad debe denunciar. Que Fiscalía analice y diga que el menor es inimputable es otra cosa, pero ese es el procedimiento“. Martínez señala que, además, el Distrito Educativo puede dictar medidas de protección, al ser un ente administrativo. Lo mismo puede hacer la Junta de Protección de Derechos. Estas deben ser para ambos niños.

La visión de derechos incluye a los dos niños

Hay una niña que ha sido agredida verbalmente por su par, en relación con violencia sexual; y otro niño que a los 12 años habla de una violación, señala Martínez. “Por lo tanto hay que dictar medidas de protección a los dos niños, a efectos de salvaguardar su integridad, evaluarlos psicológicamente, ver el grado de afectación de la niña frente a este hecho violento; y también el del niño, que lo lleva a decir eso abiertamente”.

En algunos casos, Martínez señala que el Ministerio de Educación ha decidido que el niño estudie en casa mientras se desarrolla todo el proceso administrativo. La idea, señala, es que no se vulnere su derecho a la educación. Además la abogada explica que el niño tiene derecho a la defensa, por lo que se abre un expediente, se analiza el proceso y se puede llegar a una sanción. Esta podría implicar la separación del niño del colegio (cuando ambos están en el mismo) pero dándole la oportunidad de que estudie en otro.