20 de diciembre de 2018 00:00

102 menores se encuentran aislados por homicidios en el país

Dos adolescentes internados por delitos participan en un taller de pintura en Guayaquil.

Dos adolescentes internados por delitos participan en un taller de pintura en Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil
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La puerta de hierro permanece cerrada. En el centro tiene una pequeña rendija por donde un celador pregunta: “¿a quién busca?”. Es el Centro de Adolescentes Infractores (CAI) de Guayaquil, ubicado en el centro-sur de la ciudad.

En la recepción, sobre un escritorio, aparece el libro de registro y un detector de metales. En ese lugar permanecen los adolescentes infractores que son atendidos en estos centros especializados. La Subsecretaría de Desarrollo Integral para Adolescentes Infractores dice que en el país son 640.

Los que visten camiseta vino son los jóvenes con internamiento institucional, es decir, que judicialmente fueron declarados infractores. En cambio, a quienes aún no reciben sentencia se los denomina “preventivos” y visten camiseta y pantaloneta blanca.

En ese último grupo está Eduardo. Tiene 16 años y hace uno llegó al CAI. Él dijo ante las autoridades haber terminado con la vida de su vecina.

El hecho ocurrió el 6 de junio de 2017 en el noroeste de Guayaquil. Pero Eduardo no habla del incidente. Delgado, alto y con el cabello corto, cuenta que su actividad favorita dentro del CAI es la carpintería.

Datos del país

En la misma situación que Eduardo se encuentran dos adolescentes de 16 y 17 años. Ellos fueron aislados el 5 de noviembre 2018, por presuntamente asesinar a una joven de 16. La habrían asfixiado para robarle su teléfono celular.

De los 640 chicos, 102 están aislados por delitos contra la vida: homicidios, asesinatos y femicidios. Esta cifra representa el 16% de la población adolescente aislada.

La Subsecretaría indica que el 39% de los chicos enfrenta procesos por violación, el 13 % por robo, el 8 % por droga, etc.

Carlos Fuel, jefe zonal de la Dinapen (Policía de niños), indica que la mayoría de las retenciones ocurre en delitos flagrantes. Ese fue el caso de Jorge, de 14 años. El adolescente apuñaló a su papá durante una pelea. El hecho ocurrió el 1 de diciembre de 2018, en Guayaquil.

Jorge fue aislado por la Dinapen durante ese día hasta que se realizó la audiencia.

Mientras dura el proceso, el juez determinó una medida socioeducativa no privativa. Es decir, la Fiscalía supervisa que el menor acuda a clases o que tenga asistencia psicológica.

Después del hecho, las autoridades dijeron que el chico había reaccionado a una serie de maltratos al interior de su hogar. Por eso se ofreció ayuda para él y para su familia.

Manuel Pico, director del CAI en Guayaquil, explica que durante el tiempo que dura el internamiento, los adolescentes deben avanzar con sus estudios. Allí se imparten clases desde octavo de básica hasta tercer año de bachillerato.

También hay talleres de pintura, carpintería, ebanistería, panadería y música. En este último curso hay seis guitarras y una cabina de grabación elaborada de madera.

El martes, cinco jóvenes practicaban una de 12 canciones que grabarán en CD. Su primer sencillo musical se titula 'Levanto mi voz' y está dedicado a quienes sufren acoso escolar.

Pedro tiene 18 años. Hace uno ingresó al CAI por violación. Él admite haberse entregado a la justicia. Su familia le quitó el apoyo, pero él se empeña por estudiar para convertirse en abogado. Su pasión también es la música y es uno de los integrantes que componen el disco musical.

Según Pico, en el CAI existen cinco áreas en las que se separan a los jóvenes por edades. Uno de estos espacios está destinado para quienes cumplen la mayoría de edad dentro del centro sin aún haber completado la pena. Ahí solo pueden estar hasta los 24 años y luego salir en libertad.

A escala nacional existen nueve centros para menores infractores. Están ubicadas en Quito, Guayaquil, Loja, Ibarra, Esmeraldas, Riobamba, Cuenca, Machala y Ambato.

En estos lugares también se brinda atención psicológica. En el Puerto Principal, por ejemplo, laboran tres terapeutas y dos trabajadoras sociales. Ellas son las encargadas de hablar con los chicos y hacerles comprender que cometieron una infracción y que deben buscar un camino diferente.

Los terapeutas trabajan también con las familias. La idea es fortalecer los vínculos y darle herramientas para un nuevo estilo de vida. “Queremos que no vuelva a cometer una infracción ni reincidir”, dicen.

En la Dinapen hay agentes especializados que saben cómo manejar a adolescentes.

La fiscal de adolescentes, Jennifer Bolaños, dice que los menores infractores son tratados con el Código de la Niñez y la pena máxima es de ocho años de internamiento en un CAI. Para Bolaños, el internamiento de un menor debe ser la última medida a aplicarse.

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