Una madre lactante presentó la primera demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica para Impulsar el Trabajo de la Mujer, Igualdad de Oportunidades y la Economía Violeta. Lo hizo este miércoles 25 de enero del 2023.
Soledad Agus Freré es abogada constitucionalista y representa a la demandante. Ella asegura que los artículos 24 y 25 de la nueva normativa incurrirían en una regresión de derechos.
Se refiere a los permisos de maternidad y lactancia de las madres trabajadoras.
Además, se inobservaría una sentencia de Corte Constitucional (CC) de septiembre del 2021. Dicho dictamen igualó el período de lactancia materna para las madres del sector público y privado hasta que el bebé cumpla 15 meses de edad.
Todas las madres trabajadoras ya gozan de una jornada laboral de seis horas por 12 meses, contados después del tiempo de maternidad, que es de tres meses.
La nueva normativa
La Ley de Economía Violeta señala que el período de lactancia es de 12 meses a partir del parto. En conclusión, reduce tres meses el período de lactancia materna.
La constitucionalista asegura que, aunque en teoría no puede darse una regresión de derechos, en la práctica algún empleador puede aplicar esta ley vigente. Es decir, disminuir el período de lactancia materna.
La normativa fue publicada en el Registro Oficial el pasado 20 de enero del 2023. Cumplió ese procedimiento tras su aprobación en la Asamblea Nacional. Tuvo 122 votos a favor.
El proyecto de ley fue presentado en abril del 2021. Fue debatido por cerca de dos años en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa presidida por Daniel Noboa Azin.
Para Agus Freré, la Comisión legislativa no cometió un error involuntario, sino fue un acto deliberado.
Según ella, durante las comparecencias decenas de expertas advirtieron que había un retroceso de derechos. De esa forma se estaba inobservando las sentencias emitidas por la CC. “Las observaciones no fueron recogidas por los legisladores”.
La demanda de inconstitucionalidad
En la demanda presentada ante la Corte Constitucional se solicita que el tema sea tratado de manera prioritaria. La urgencia es porque puede afectar a miles de niños lactantes, ya que el proceso podría durar varios años.
“Esperamos que la Corte Constitucional sea consciente de estos argumentos… y que en máximo algunas semanas se pronuncie”, dijo Agus Freré.
Uno de las primeras solicitudes es la suspensión provisional de la norma.
El sorteo de la demanda recayó en la jueza constitucionalista Karla Andrade Quevedo.
