El excontralor Pablo Celi tiene dos vías posibles para recuperar su libertad próximamente y salir de la Cárcel 4 de Quito. El exfuncionario está recluido en ese centro carcelario desde el pasado 13 de abril del 2021. Un juez le dictó prisión preventiva tras ser procesado por presunta delincuencia organizada, en el caso Las Torres.
La primera opción para salir de la cárcel es su cumpleaños. El próximo 9 de abril de 2022, el excontralor Celi cumplirá 65 años y se convertirá en adulto mayor.
El Código Orgánico Integral Penal (Art. 537) establece que la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y uso de grillete electrónico cuando la persona procesada es mayor de 65 años de edad “sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción”.
Marcelo Ron, abogado de Celi, dijo que el 9 de abril de 2022 solicitará la sustitución de la prisión por el arresto domiciliario. Aseguró que es un derecho que su cliente tiene por ley.
La segunda vía es la caducidad de la prisión preventiva. El próximo 13 de abril del 2022 se cumple un año desde que el excontralor ingresó a la Cárcel 4.
Si hasta esa fecha no existe una sentencia sea a favor o en contra, él podrá recuperar su libertad. La caducidad también beneficiaría a su hermano Esteban Celi y a Luis Agusto, hermano del exsecretario de Presidencia. Ellos son parte de los 13 procesados en esta causa judicial.
El artículo 541 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la prisión preventiva no puede exceder el plazo de un año en los delitos con penas superiores a cinco años. Según la normativa penal, el delito de delincuencia organizada es sancionado con cárcel de siete a 10 años.
Juicio pendiente
El pasado 3 de marzo de 2022, la audiencia de juicio de este caso fue diferida por tercera vez consecutiva. El 15 y 21 de febrero también fue suspendida. Todo ocurrió por problemas en la conformación del Tribunal de Juicio de la Corte Nacional.
En el sistema de la Función Judicial consta que el 4 de marzo de este año se solicitó a la Presidencia de la Corte Nacional que sortee un conjuez para completar el Tribunal de Juicio, luego de que la magistrada Daniella Camacho fuera recusada de este caso.
Luego de que queden conformados los tres magistrados, se podrá definir la fecha y hora para instalar esta diligencia.
Uno de los jueces, Walter Macías, anunció que la audiencia de juicio “se desarrollará de forma sucesiva, incluso sábado y domingos”.
Cuando eso ocurra la Fiscalía y las defensas de los procesados expondrán ante el Tribunal las pruebas a favor y en contra, que han recopilado en este proceso. Luego, los magistrados analizarán si les condenan o no por delincuencia organizada.
Teoría de Fiscalía
Según la fiscal general, Diana Salazar, los implicados conformaron una estructura delictiva para exigir a Nolimit coimas a cambio de gestionar pagos pendientes, desvanecer glosas en la Contraloría y mantener contratos con Petroecuador.
Las investigaciones muestran que los miembros de esta supuesta organización criminal habrían pretendido beneficiarse con el 20% del pago de una factura de USD 20,3 millones que Petroecuador adeudaba a Nolimit. Es decir, USD 4,3 millones.
