14 de agosto de 2019 00:00

Denuncia apunta a Gustavo Jalkh, a cinco jueces y 18 exfuncionarios

Miembros de la Asociación Unidos por la Justicia acudieron ayer a la Fiscalía General.

Miembros de la Asociación Unidos por la Justicia acudieron ayer a la Fiscalía General. Foto: Sara Ortiz / EL COMERCIO

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Sara Ortiz
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Las conversaciones que aparecieron en los correos de Pamela Martínez, señalada en el caso Sobornos 2012-2016, provocan nuevas denuncias. El pasado martes 13 de agosto de 2019, un grupo de procesados por la revuelta del 30 de septiembre del 2010 (30-S) se presentaron en la Fiscalía General del Estado, en el norte de Quito.

Estaban acompañados de Beatriz Cadena, una exjueza destituida, y Óscar Ayerve. Ellos forman la Asociación Unidos por la Justicia. Su denuncia apunta al Consejo de la Judicatura del 2014, que estuvo presidido por Gustavo Jalkh.

Aseguran que a través de esa institución se cometieron actos de persecución judicial, que se habría instaurado un sistema de control a los jueces y que se cometieron “graves actos de injerencia”.

Junto con Jalkh señalan a cinco jueces en funciones y a 18 exfuncionarios de la Judicatura, entre antiguos vocales, directores provinciales, coordinadores de Control Disciplinario y de Talento Humano.

El colectivo entregó, como sustento de la denuncia, el Informe Evaluatorio al Consejo de la Judicatura. Este documento fue elaborado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, publicado en mayo pasado. Allí se mencionan ocho casos “emblemáticos” en los que hubo supuestamente intervención en la justicia.

Hilda Pilco, cabo primero de Policía, estuvo presente el pasado martes. Llegó desde Chillanes, en la provincia de Bolívar, donde ahora vive, tras ser procesada por el 30-S en Guaranda.

Afuera de la Fiscalía recordó que en el 2014, cuando fue enjuiciada, logró enviarle una carta al entonces presidente Rafael Correa con la esperanza de que la ayudara. Su hijo burló la seguridad del Primer Mandatario cuando visitó Chillanes; lo abrazó y le entregó el manuscrito. “Estaba dispuesta a pedirle disculpas públicas, aunque no hice nada. Solo quería no separarme de mis hijos”.

Unos días después recibió una llamada de la Presidencia de la República. Cuenta que habló con un abogado, quien le comentó que la ayudaría, pero eso no ocurrió. Fue sentenciada a ocho meses de cárcel por paralización de servicios públicos. “Hoy, cinco años después, descubrí que el abogado con el que hablé y que me prometió ayuda trabajaba con Pamela Martínez”, señala Pilco.

Los correos electrónicos de la exasesora de Correa mencionan este caso dentro de un listado de 22 juicios 30-S, a los que la Presidencia hacía seguimientos, hablaba con fiscales y jueces y obtenía fallos antes de que sean anunciados públicamente a las partes.

Para Jalkh, el documento que sustenta este pedido de investigación en su contra recoge “una serie de denuncias infundadas y anónimas” y que, según él, no han sido probadas.

“Nosotros (el Consejo de la Judicatura) siempre hemos ejercido nuestras funciones en el marco de las competencias que nos da la Constitución y la ley. Jamás hemos intervenido en lo jurisdiccional (facultad de decisión de los jueces)”.

El expresidente dijo que no tiene nada que ocultar ante los fiscales, si se lo indagara.

Para Beatriz Cadena, su destitución como jueza fue por “no someterme a ninguna consigna política”. Cuenta que no permitió que se anulara un informe de Contraloría en el que se señalaba a un contratista del Estado. “Años después me entero que era uno de los financista de Alianza País”, sostuvo.

Por estos aparentes aportes ilegales, el pasado jueves fueron vinculados al caso Sobornos 22 personas, entre empresarios y exfuncionarios, incluido el expresidente Correa.

Dentro de esta investigación, la Fiscalía continúa con la recepción de versiones. Para el jueves llamó a ampliar su declaración al exasambleísta Christian Viteri, hoy procesado. Además, el viernes se realizarán tres peritajes en las instalaciones de la Presidencia, en el edificio Unión, que son las oficinas administrativas de la Presidencia, y en el edifico Concorde, en donde funcionaba un despacho externo, en donde trabajaban Martínez, su asistenta Laura Terán y un grupo de abogados a su cargo.

Ayer, por la tarde, se conoció que María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas, solicitó una revisión de sus medidas cautelares. Ella busca que se le retire el grillete y se le permita presentarse ante la Corte de Justicias del Guayas, como sucede con otros procesados.

La audiencia en donde se debatirá esta solicitud está prevista para el lunes 26 de agosto, a las 15:30, en la Corte Nacional.

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