Oficiales de la policía británica se encuentran de servicio frente a la Embajada de Ecuador en Londres. Foto: AFP
La Contraloría reveló hoy, lunes 20 de mayo del 2019, nuevos elementos en relación al hacker australiano Julian Assange, quien permaneció asilado en la Embajada de Ecuador en Londres por casi siete años.
Esto sucedió en la lectura del borrador de un examen especial que abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de diciembre de 2018. En este informe no se incluyeron los detalles de la emisión de un pasaporte para Assange.
Uno de los nuevos datos alude a que los funcionarios y empleados de la representación diplomática, el año pasado, solicitaron un seguro de vida debido a los incumplimientos de Assange en materia de seguridad e higiene.
El organismo señaló que no se pudo evidenciar que tres excancilleres actuaran frente a las comunicaciones que se hicieron desde la Embajada.
En la lectura del borrador, en uno de los descargo, un exembajador en Reino Unido explicó a la Contraloría que Assange tuvo una “actitud beligerante”. El diplomático señaló que en su momento Assange se negó a recibir un instructivo para su permanencia en la representación diplomática.
Ese exembajador pidió a la Contraloría dejar constancia del tema en el examen especial al otorgamiento del asilo diplomático y carta de naturalización al hacker australiano, cuyo informe borrador se dio a conocer esta mañana.
En el documento indica, entre sus conclusiones, que el proceso de naturalización no se ajustó a la Constitución ni a la Ley de Movilidad Humana.
Por ejemplo, que el trámite se lo hizo fuera de los sistemas de información estatal Sigef y Quipux, que son obligatorios para todas las entidades de la administración pública.
También que no se aplicó el formulario que corresponde a la naturalización de extranjeros, ni tampoco existe el archivo digital sobre la entrevista que se debió aplicar como parte del proceso.
Además que no se evidenció una notificación del expediente a la autoridad migratoria del Ecuador ni el pago de unos USD 800, entre aranceles consulares y timbres.
Esta lectura de borrador del examen especial se realiza para que los involucrados en posibles irregularidades puedan objetar detalles antes de que publique el texto final. Luego, el informe pasa a otro departamento de la Contraloría para dilucidar si hay responsabilidades, administrativas, civiles o penales.