21 de mayo de 2019 00:00

Informalidad, única opción para miles de ciudadanos de Venezuela en Ecuador

Erik Sifontes (i) decidió emprender un negocio. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Patricia González y Jorge González (I)

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Habitan en distintos barrios del norte de Guayaquil. No se conocen, pero comparten una realidad en común: la precarización laboral.

Son ciudadanos de Venezuela. Unos tienen documentos de residencia en Ecuador, pero no les ha servido para mejorar sus condiciones de trabajo. Otros no han podido regularizarse y su situación es aún peor.

La falta de contratos de trabajo, no estar asegurados, ganar menos del básico e incluso trabajar siete días a la semana es parte de la realidad que afrontan muchos de ellos. Rafael vive en Lomas de la Florida. El joven, de 24 años, llegó al país proveniente del estado de Lara, hace nueve meses. Se instaló en el Puerto Principal atraído por las oportunidades que genera una ciudad portuaria. Aunque halló trabajo en apenas cuatro días, su inicio en Ecuador fue duro.

Él trabaja en un restaurante en el norte de la urbe. Gana USD 300 y hasta ahora solo ha tenido pocos días de descanso.

Al inicio ahorró dinero para pagar los USD 250 que cuesta la visa temporal de dos años, pero contar con el documento no mejoró su situación. Rafael paga USD 70 al mes por arriendo y envía 100 a su familia. “Hago malabares para vivir con USD 130 al mes”.

Informalidad, única opción para miles de ciudadanos de Venezuela en Ecuador

Uno de los propietarios de un restaurante en el sector de la Florida comentó que no puede pagar más a los extranjeros porque “el negocio no está bueno”. Reconoce que despidió el año pasado a tres colaboradores locales y los reemplazó con cuatro extranjeros porque la paga es menor.

Miguel, de 59 años, lleva cuatro meses en el país. Llegó con su esposa y una nieta de 8 años, porque necesita dinero para el tratamiento de su hijo de 35 años, quien sufrió un derrame producto “del estrés permanente”. No ha conseguido empleo formal y vive con “cachuelos” que hace diario en ebanistería y pintura.

El salario que le ofrecieron fue de USD 35 diarios, pero no le han cancelado desde hace 26 días-cuenta-mientras muestra sus manos llenas de pintura.

No pierde la esperanza de que le paguen para hacer frente a los gastos de su familia y a las obligaciones. “Debo USD 110 a la tienda de mi barrio”.

Según cifras del Ministerio del Interior, 267 261 venezolanos no registraron su salida entre el 2015 y abril pasado.

De esa cifra, entre 60 000 y 80 000 son personas que no está en edad de trabajar.

Pese al alto número, apenas 8 617 ciudadanos de Venezuela tenían un contrato laboral debidamente registrado hasta agosto pasado, según datos oficiales.

Erik Sifontes, de 27 años, llegó en el 2015 y trabajó como cajero en una empresa en la que -dice- fue agredido físicamente. A él le habían prometido que trabajaría cuatro horas al día por USD 150 mensuales, pero ese contrato verbal se prolongó por el mismo pago hasta por más de 12 horas al día.

“Nunca me pagaron décimos ni me afiliaron; el trabajar de lunes a viernes se extendió hasta los domingos”. Ello lo empujó a ser su propio jefe. Buscó un socio ecuatoriano y montaron la librería Ricardo’s.

Para algunos, la situación laboral fue mejorando con el tiempo. Vanessa Valente, de 30 años, reside en Quito desde el 2015. Es graduada en Administración. La joven halló trabajo en un local de impresiones, donde se mantuvo por siete meses sin contrato ni afiliación ni otros beneficios de ley.

Tras meses de buscar un mejor empleo, fue contratada en el Hotel San José de Puembo, como Coordinadora de Marketing. Desde el primer momento firmó un contrato. Labora ocho horas diarias, cinco días a la semana. Percibe USD 600 de sueldo base, más comisiones. Está afiliada, recibe décimos y utilidades.

La organización Chamos Venezolanos en Ecuador recibe entre dos y tres denuncias al día por violaciones de derechos laborales a venezolanos. La primera causa es el subpago o no pago del salario, señala Egleth Noda, titular del ente.

Otro tipo de denuncias se relaciona con ofertas engañosas, en las que se ofrecen trabajos formales, pero en realidad son casos de trata de personas.

“Un caso muy lamentable ocurrió el sábado pasado, cuando una chica acudió a una casa para limpieza de la vivienda, pero la violaron”. Las personas más vulnerables son mujeres menores de 30 años.

Según Sixto Gamboa Solís, director regional de Trabajo en la Costa, se han realizado 3 971 inspecciones en el país y en 1 094 casos el empleador debe presentar información regularizada del empleado. Hay 324 sanciones y se ha identificado tres anomalías: la falta de contrato, de afiliación y sueldos menores al salario básico.

En contexto
Inspectores del Ministerio de Trabajo iniciaron desde el año pasado recorridos en las empresas de varias ciudades del país para ­verificar el cumplimiento de derechos laborales de los trabajadores, entre ellos de los ciudadanos extranjeros.

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