Niños en la mendicidad de ciudadanos de Venezuela en Quito y Guayaquil

Las imágenes se han vuelto recurrentes en varias esquinas de la capital y del país: padres pidiendo ayuda mientras cargan a sus hijos a cualquier hora del día. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

Las imágenes se han vuelto recurrentes en varias esquinas de la capital y del país: padres pidiendo ayuda mientras cargan a sus hijos a cualquier hora del día. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

Las imágenes se han vuelto recurrentes en varias esquinas de la capital y del país: padres pidiendo ayuda mientras cargan a sus hijos a cualquier hora del día. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

Pedían ayuda para llevar a un bebé de 3 meses, con fiebre, a un hospital. “Una señora se acercó y lo tocó, para comprobarlo. Entonces les dio USD 20”. Lo relata Leonardo (nombre protegido), migrante de Venezuela en Quito, Ecuador, y lamenta: “Sin niños, no nos creen”.

El jueves 16 de mayo del 2019 , el ciudadano venezolano de 18 años recorría la avenida Diego de Almagro, en el norte de Quito. “Ayúdame con lo que salga de tu corazón”, se leía en el cartón que sujetaba con una mano. Con la otra guiaba a su sobrino Andrés (nombre protegido), de 8.

En una calle contigua, su hermana hacía lo mismo con su otra hija, a diario. En medio del tráfico, Leonardo baja la voz para contar algo que le avergüenza: “Si no traemos a los niños, nadie nos colabora”.

Ciudadanos de Venezuela acompañados por niños piden ayuda en las calles de Quito. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

Frente a escenas como esas, que se vuelven cotidianas, Paulina Araujo opina que es responsabilidad del Estado trabajar por los niños que son instrumentalizados, para tener un rédito. La abogada, especialista en derechos humanos, reitera que no es una realidad exclusiva de venezolanos.


El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 108, referente a la explotación, habla del empleo de personas para mendicidad. La persona que facilite, colabore, promueva o se beneficie al someter a mendicidad a otra persona será sancionada -establece- con pena de cárcel de 10 a 13 años.

Pero se debe demostrar que en la acción hay fines de explotación. En la Legislación española, por ejemplo, solo sos­tener un niño en brazos mientras se pide dinero ya constituye un delito.

En Quito, instituciones como el Patronato San José ofrecen espacios y profesionales para atender a hijos de venezolanos que trabajan y viven en la calle. Existen 218 centros entre Guagua Quindes, Guagua Centros y Centros de Educación Inicial (Cemei). De la población que atienden estos centros, el 5% son hijos de ciudadanos venezolanos.

Los menores que acompañan a los migrantes venezolanos tienen diferentes edades. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

En Guayaquil, los hermanos William y Ángel (nombres protegidos), de 3 y 1 año, se han adaptado a pasar el día en una agitada acera del centro. Su ternura conmueve a quienes pasan. Se acercan a darles golosinas o alimentos. “No me avergüenza -dice la madre, de 21-. Así tienen qué comer”.

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil cuenta con una ruta de atención, protección y restitución de derechos para niños, niñas y adolescentes. El protocolo incluye la aplicación de medidas de protección.

Vicente Torres, secretario ejecutivo del Consejo, explica que si el niño pasa en la calle con sus padres, podría ir a una casa de acogida para evitar ser expuesto a riesgos. Sin embargo, eso significaría la separación familiar.

La legislación ecuatoriana contempla sanciones penales a quienes empleen a personas para mendicidad. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

En el Código de la Niñez se establece que los padres que vulneren los derechos de sus hijos, al incluirlos en actividades de mendicidad, podrían exponerse a la privación o pérdida de la patria potestad.

Desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se indicó que la mendicidad es un problema multicausal. Este año, respondieron vía e-mail, incorporarán a la mendicidad como una rama del trabajo infantil peligroso como explotación laboral. Y se implementa el servicio de trabajo infantil, a través del cual se intervendrá.

Para la abogada Araujo, es necesario analizar si el hacer que los niños acompañen a los padres a pedir caridad es un delito o una realidad social que se debe atender de manera urgente. “Sería muy doloroso criminalizar la pobreza”.

Cerca a Mall El Jardín, norte de Quito, Juan se aproxima a los autos cuando el semáforo está en rojo. Su sobrino Leo (nombre protegido), de 2 años, se recuesta en su hombro y mira a los conductores con sus grandes ojos verdes. Su ropa está sucia, igual que su carita.

Las calles son los lugares más comunes en donde se observa a ciudadanos venezolanos que mendigan, en compañía de niños. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

No es una historia aislada. En al menos cinco puntos alrededor de los principales centros comerciales del centro-norte de Quito se observan escenas parecidas. Hasta el momento, el MIES no ha realizado un levantamiento de información sobre el número de niños y adolescentes en situación de explotación laboral, con fines de mendicidad. A futuro, adelantaron, buscarán a esta población, para incluirlos en los servicios que ofrecen.

Este Diario también solicitó información a la Dinapen (Policía especializada en menores) sobre el acercamiento realizado a estas familias, que mendigan en las calles. Pero no hubo una respuesta.

“Hay gente que llora cuando contamos nuestra historia; hay quienes nos juzgan”, asegura el padre de William y Ángel, quienes tenían previsto pedir refugio en una oficina de la Agencia de la ONU para refugiados (Acnur), en Guayaquil.

“En Venezuela no hay alimento ni medicinas. Era salir o morir”, dice el padre.
Según el MIES, hasta el 2021 se espera reducir el trabajo infantil de 4,9% a 2,7%, de acuerdo con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

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