8 de September de 2009 00:00

El Gobierno intenta imponer su ley de prensa en Argentina

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Santiago Estrella Garcés. Corresponsal en Buenos Aires.

Argentina vive un debate caliente  desde el 27 de agosto pasado, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner  anunció el envío al Congreso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los diputados deben asistir desde hoy al debate del proyecto, que deberá finalizar el 16 de septiembre, si todo resulta como el Gobierno pretende.

Conocida más como Ley de Radiodifusión, nació a raíz de una demanda que sostiene la sociedad desde hace muchos años: cambiar la vigente, instaurada por el dictador Rafael Videla, en 1980. Desde que volvió la democracia, han sido varios los intentos de una reforma sustancial a la legislación, pero lo único que ha habido son leves reformas, como la de 1991, con Carlos Menem, que permitió una mayor concentración de los grupos multimedios.

“Era necesaria ya una verdadera modificación de la Ley vigente. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero hay puntos que se deben revisar muy bien”, dice a este Diario el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández. En cambio, Ana Celentano, una actriz que mantiene una constante preocupación política, parte de un hecho más simple pero que es en el  que más coincide la mayoría de la población: “No se puede sostener una Ley de comunicación que proviene de tiempos de la dictadura”.

Sin embargo,  hay aristas y metodologías que han sido cuestionados  y que merecen un debate  mayor. El primero de ellos, el más inmediato y que el jueves pasado provocó un escándalo en la Cámara de  Diputados, es la celeridad con la que el oficialismo pretende que se resuelva,  en apenas 15 días.

“Al ser una ley de tal envergadura para la vida de los argentinos, merece mucho más tiempo de debate”, dijo la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa, Silvia Giudice. Esta aboga porque la norma sea aprobada por el Parlamento, que se constituirá el 10 de diciembre y en el  cual  el Gobierno perderá su mayoría.

Mientras, el diputado Eduardo Macalusse, quien dice “estar a favor de la nueva Ley, que hay observaciones, pero que no debe ser dilatado en el tiempo pero tampoco resolverse en un debate exprés”.

Detrás de esta dualidad se expresa el contexto político argentino: para la oposición, el actual Congreso es legal, pero carece de legitimidad, y que toda decisión trascendental para la vida de los argentinos corresponde al pronunciamiento del pueblo argentino, que decidió una profunda renovación parlamentaria en las elecciones legislativas del 28 de junio pasado.

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