2 de octubre de 2020 00:00

FMI exige transparencia y una ley anticorrupción en este 2020; reforma tributaria y el ajuste se posponen

El presidente Moreno, en una reunión virtual con el grupo de asesores económicos. Foto: Archivo

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Evelyn Tapia

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El acuerdo alcanzado ayer 1 de octubre del 2020 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 6 500 millones está atado al cumplimiento de compromisos por parte del actual y del siguiente Gobierno , si este acepta seguir con el programa.

El 60% de los recursos del programa los recibirá el actual Gobierno. Hoy se espera recibir USD 2 000 millones y otros USD 2 000 en diciembre.

Finanzas dijo que el programa específico se divulgará hoy. No obstante, el miércoles, el FMI ya adelantó que las autoridades se comprometieron a tomar acciones en tres áreas: transparencia, dolarización y sostenibilidad fiscal.

Las medidas de transparencia son las más urgentes. Según el Fondo, antes de que acabe el año, el Gobierno deberá adoptar una ley anticorrupción “para proteger las arcas públicas, catalizar la inversión privada, promover la creación de empleo e impulsar el potencial de crecimiento”.

Santiago García, docente de la Universidad Central, explica que desde el 2018, el Fondo impulsa un protocolo de políticas anticorrupción entre los países miembros, tras identificar las brechas que generan estas prácticas en las economías.

Él considera que la implementación de este tipo de medidas contra la corrupción y lavado de activos es importante, porque los ciudadanos terminan pagando el dinero que se esfuma con la corrupción.

Otro compromiso que se espera sea inmediato es el de entregar de manera “oportuna y precisa” los datos fiscales de las entidades del sector público no financiero (SPNF). Este incluye a las cinco funciones del Estado, gobiernos locales, universidades públicas, empresas públicas y las instituciones de la seguridad social.

Con esta data, el ente podrá hacer una revisión de los indicadores económicos que son parte de las metas y, así, se pueda concretar el segundo desembolso a fin de año.

La precisión de la información es clave debido a que por errores en las cifras del Biess, Petroecuador y los gobiernos locales, registradas en el Gobierno anterior, el FMI canceló el acuerdo del 2019.

El Ejecutivo, además, se comprometió a mejorar la transparencia en los procesos de contratación pública y en los datos de la deuda pública.

En lo relacionado a protección y fortalecimiento de la dolarización, se espera que el Ejecutivo presente una reforma para dotarle de autonomía al Banco Central. Verónica Artola, gerenta de la entidad, dijo que el texto se presentará en los primeros meses del 2021 .

Las medidas de sostenibilidad fiscal, mientras tanto, son de mediano y largo plazo.

El acuerdo contempla una reforma tributaria progresiva y medidas de ajuste al gasto. Augusto de la Torre, asesor económico del Gobierno, dijo que este año el Fisco solo debe mantener el curso de las finanzas bajo control. “No hay medidas de ajuste adicional”.

Según el Fondo, las autoridades se comprometieron a retirar las medidas relacionadas con la crisis conforme la economía empiece a recuperarse.

En el largo plazo, el Ejecutivo deberá bajar el endeudamiento, que hoy pesa 61,4% del PIB. El Fondo espera que hasta el 2025 ese indicador sea del 57%.
Los recursos del Fondo darán oxígeno al Fisco, que acumulaba atrasos por USD 3 801 millones.

Ingresos por tributos mejoran


Los ingresos del presupuesto entre enero y septiembre registran una caída de 23% en relación a igual período del 2019.

En ese escenario incidió el menor consumo y el aumento del desempleo y del subempleo.

Pero el noveno mes del año se registró un mejor desempeño que el resto de meses de la pandemia, por el pago anticipado del impuesto a la renta de un grupo de grandes contribuyentes. El Servicio de Rentas Internas recaudó USD 257 millones con la medida. El tributo se paga normalmente en el 2021.

Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, acotó que, incluso sin contar este anticipo, septiembre fue el mejor mes en cobro de tributos desde que comenzó la pandemia, pues se registró incluso una mejor recaudación de IVA.

La emergencia también lastró los ingresos petroleros, debido a la caída del precio del crudo. Este se ubicó entre enero y julio en un promedio de USD 32,4 por barril, más bajo que los USD 51 estimados para el presupuesto. En los nueve meses del año, las arcas fiscales recibieron USD 408 millones por ventas de crudo, 72% menos que en el mismo período del 2019.

Atrasos siguen creciendo

Desde que comenzó la emergencia, el Fisco acumula atrasos con proveedores, gobiernos locales, salarios y seguridad social. Los valores pendientes suman USD 3 801 millones.

Los servidores públicos y contratistas del Estado han realizado protestas.
A los primeros se debe USD 296 millones hasta septiembre. Mientras tanto, los proveedores siguen rechazando la oferta del Gobierno de recibir bonos en lugar de efectivo.

Marco Leguísamo, vocero de un grupo de 120 pequeños y medianos proveedores, dijo que los empresarios esperan que el dinero del FMI sirva para que el Estado les pague por sus facturas pendientes.

El ministro Martínez indicó el pasado 2 de septiembre que se iban a priorizar los recursos para ponerse al día en los pagos atrasados en salarios de los docentes y para pagar a proveedores.

“Vamos a empezar a pagar con mayor regularidad la deuda de meses anteriores en un sector clave, como es la educación, particularmente en la Sierra que ya tiene inicio de clases. En el sector de proveedores estamos haciendo un análisis de priorización para garantizar que las personas que más necesitan sean las más beneficiadas”, dijo.

Gasto social se incrementará

Ante una caída de ingresos y limitaciones para lograr financiamiento, el Gobierno optó por bajar principalmente el gasto de obra pública e inversión. Antes de la pandemia, la meta era destinar USD 7 456 millones a estos egresos, pero la meta para el año se ha reducido a 6 587,9 millones. Hasta septiembre, solo se había ejecutado el 45% de la nueva meta.

Diego Olmedo, analista económico, dijo que la caída de la inversión pública incidirá en una mayor contracción del PIB. “El gasto en obras, infraestructura e inversión es necesario, porque genera más empleo y mueve la economía”, comentó.

El Gobierno logró reducir el pago de intereses de la deuda, gracias a la renegociación de bonos al postergar el pago de USD 1 300 millones para el 2026. Y el gasto en sueldos bajó en 364 millones.

Está previsto que la asignación para planes sociales aumente este año, como parte del acuerdo con el Fondo. El Ministerio de Economía explicó que 250 000 hogares entrarán a la cobertura del Bono de Desarrollo Humano hasta diciembre de este año y otros 200 000 hasta el primer trimestre del 2021.

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