19 de julio de 2018 16:53

Fiscalía vincula a otras dos personas por caso de cupos para taxis, en Quito

Momento en el que se realizaba, este jueves, el allanamiento de la Policía a la Secretaría de Movilidad del Municipio. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Momento en el que se realizaba, el jueves 19 de abril del 2018, el allanamiento de la Policía a la Secretaría de Movilidad del Municipio, en Quito. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Javier L. y Julio M. fueron vinculados a la instrucción fiscal por los presuntos delitos de asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado, concusión y tráfico de influencias. Esto dentro del caso denominado 'Concejales', en Quito.

La fiscal de Pichincha, Ruth Palacios, en audiencia de vinculación realizada el pasado miércoles 18 de julio del 2018, presentó ante el presidente de la Corte Provincial, Julio Arrieta, "los elementos de convicción que permiten presumir la participación de los ciudadanos en el caso que se investiga".

En la Fiscalía se informó que Javier L. fue vinculado por los supuestos delitos de enriquecimiento injustificado, asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado y tráfico de influencias. Y Julio M. fue procesado por aparente tráfico de influencias y posible enriquecimiento privado no justificado. La instrucción fiscal en este caso se amplió 30 días.

A los procesados se les impuso como medidas cautelares personales la presentación cada 15 días ante la Corte Provincial. Asimismo, la prohibición de ausentarse del país y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Tampoco podrán enajenar sus bienes.

En la Fiscalía se indicó que durante la audiencia se presentaron elementos de convicción: reportes investigativos de la Policía que “dan cuenta que Javier L., no habría podido justificar ni el origen ni la procedencia de USD 18 000 en efectivo, que fueron encontrados en su vehículo durante un operativo policial, en abril de este año”.

¿Cómo se dio este caso? El 19 de abril pasado, la Fiscalía de Pichincha abrió un proceso penal contra seis funcionarios del  Municipio de Quito y los concejales Sergio G., y Eddy S.. En este caso también son procesados los funcionarios del cabildo quiteño Xavier V., Fausto M., Segundo S., Andrea F., Rubén L., y Mónica G. por un supuesto nexo en la acreditación de cooperativas del servicio de transporte terrestre comercial en taxi de Quito.

Según las investigaciones de la Policía y la Fiscalía, en Quito existiría una presunta organización integrada por funcionarios públicos, concejales y exfuncionarios, que presuntamente exigían coimas a cambio de agilitar trámites dentro del proceso de adjudicación de las compensaciones a los transportistas y en la asignación de 8 693 nuevos cupos de taxis en el Distrito Metropolitano.

Previo a la vinculación, Arrieta negó el pedido de suspensión del uso del dispositivo de vigilancia electrónico (brazalete), solicitado por la defensa de Fausto M., exsecretario de Movilidad del Municipio de Quito, también procesado en este caso.

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