3 de diciembre de 2018 11:41

Pablo Romero enfrenta un nuevo proceso penal, ahora por peculado

Imagen de archivo que muestra las antiguas instalaciones de la Senain en Lumbisí. En la Corte Nacional está prevista la audiencia de formulación de cargos por el delito de peculado contra el exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero. Fo

Imagen de archivo que muestra las antiguas instalaciones de la Senain en Lumbisí. En la Corte Nacional está prevista la audiencia de formulación de cargos por el delito de peculado contra el exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Un nuevo proceso penal se abrió en contra del exsecretario de Inteligencia (Senain), Pablo Romero Quezada. La mañana de este 3 de diciembre del 2018, en la Corte Nacional se desarrolló la audiencia de formulación de cargos por presunto peculado en contra de Romero y de tres exfuncionarios de la Senain.

El juez Luis Enríquez aceptó el pedido de la fiscal general (e) Ruth Palacios. El magistrado ordenó prisión preventiva en contra de Romero quien también está procesado por el secuestro del exlegislador Fernando Balda que ocurrió en Colombia en el 2012. Actualmente Romero se encuentra prófugo en España y tiene una orden de extradición.

Para los otros tres procesados, el juez dictó prohibición de salida del país y la presentación cada 15 días ante el Presidente de la Corte Provincial de Guayas.

A las cuatro personas investigadas por este ilícito, Enriquez prohibió la venta de sus bienes y ordenó la retención de fondos de hasta USD 100 000.

Este proceso se derivó de un examen especial elaborado por la Contraloría del Estado por el uso de Fondos Públicos Permanentes de los Gastos Especiales en la Senain. Durante el periodo comprendido del 1 de junio al 31 de agosto del 2013, cuando Romero era su titular.

De este examen especial se desprendió un informe con indicios de responsabilidad penal. La fiscal Palacios explicó que la Senain realizó una operación denominada el Caminito donde hubo un mal uso de fondos públicos. El perjuicio para el Estado sería de USD 100 000.

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