La exagente Diana Falcón estuvo en la audiencia que se desarrolló el miércoles en la Corte Nacional de Justicia. Foto:Julio Estrella / El Comercio
Luego de que la jueza Daniella Camacho llamara a juicio a Rafael Correa, Pablo Romero, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, la defensa de los dos exagentes recibió una notificación judicial para avanzar en el proceso.
En ese documento se indica que el 13 de noviembre se sorteará el Tribunal Penal que llevará adelante el juicio por el plagio de Fernando Balda.
Esas diligencias judiciales solo se aplicarán para los expolicías, pues el proceso contra Correa y Romero no se desarrollará hasta que estén en el país: ambos están fugitivos.
El Código Penal (art. 560) dice que no se podrá realizar la audiencia de juicio sin la presencia de la persona procesada.
¿Correa volverá a Ecuador? Ayer Caupolicán Ochoa, abogado del exmandatario, sostuvo que es necesario “llegar a una situación concreta, analizarla y tomar una decisión”.
Pero minutos antes, el exjefe de Estado habló desde Bélgica, en donde está radicado desde el 2017, y descartó su retorno, pues dijo que sería “regresar para que te masacren con la injusticia que se vive en el país”.
Casi paralelamente, la agencia de noticia AFP informó que Correa había pedido asilo en Bélgica y que la petición fue presentada el 25 de junio.
Pero en declaraciones a EFE, Correa negó esa versión.
La Cancillería indicó no tener constancia de que haya pedido asilo en Bélgica.
Caupolicán Ochoa también se refirió al caso: “(Correa) dice que no es verdad que le hayan dado asilo en Bélgica. Entiendo que está en trámite”.
Actualmente, sobre Correa pesa una orden de prisión preventiva que fue emitida por la jueza Camacho el 3 de junio, luego de que incumpliera la orden de presentarse cada 15 días en la Corte Nacional.
La norma penal señala que si el procesado evade, retarda, evita o impide su juzgamiento, la orden de prisión no caduca y se mantendrá vigente.
Lo que sí prescribe es el delito de secuestro. Según el anterior Código Penal, con el que Correa fue llamado a juicio el miércoles, el delito de plagio tiene siete tipos penales, desde la prisión (en cuyo caso el proceso prescribe en 5 años desde la fecha de la infracción) hasta la reclusión (que castiga hasta con 12 años de cárcel si la víctima ha sido liberada).
En cambio, en el COIP, vigente desde el 2014, se dice que prescribe en el mismo tiempo de la pena máxima: 13 años.
La defensa de Rafael Correa advierte que se debe aplicar el Código anterior. El secuestro de Fernando Balda se cometió el 13 de agosto del 2012, mientras permanecía en Bogotá.
Extradición de Romero
Otro de los procesados en este caso es Pablo Romero, exdirector de la Secretaría de Inteligencia (Senain). Ayer, autoridades españolas aceptaron la solicitud realizada por Ecuador para extraditarlo.
La Fiscalía de España envió al Juzgado Central de Instrucciones Nº 5 una solicitud para que se inicie el juicio de extradición contra Romero.
El pedido de Ecuador fue planteado el pasado 13 de julio y la respuesta de España llegó el 25 de octubre. Romero había sido detenido en España el 17 de junio pasado, pero salió en libertad provisional.
Cuando se realice la audiencia para traerlo a Ecuador, se enumerarán las pruebas que existen en su contra. Luego, un juez resolverá si lo extradita o no. Hasta el cierre de esta edición, el Juzgado Central español no definía una fecha para que se realice esta diligencia.
Sobre Romero también pesa una orden de prisión preventiva. El pasado 27 de junio, los jueces Iván Saquicela, Marco Rodríguez y Luis Enríquez negaron el pedido de que se revocara esta medida en su contra.
Proceso contra exagentes
Una vez definido el Tribunal para Raúl Chicaiza y Diana Falcón, la audiencia se realizará en 10 días y la Fiscalía presentará las pruebas que acumuló en contra de ambos.
En esta fase, los jueces analizarán el material que los procesados aportaron cuando decidieron cooperar con la justicia a cambio de una reducción en la pena. De eso dependerá la condena que se interponga, que por lo general es mínima.
Chimbo confía en que el Tribunal les reduzca la sentencia a un 10%. Esto significaría que sus defendidos tendrían que estar presos no más de siete meses y medio. Ellos fueron detenidos en marzo pasado.
El 20 de junio anterior, Chicaiza rindió su testimonio anticipado y aseguró que el expresidente Correa le llamó por teléfono en dos ocasiones: antes y después de que se cometiera el secuestro de Balda. En su pronunciamiento, la jueza Camacho señaló que tras recopilar las pruebas se puede inferir que los exuniformados no actuaron voluntariamente sino que recibieron órdenes dentro de una cadena de mando.
Camacho no consideró llamar a juicio por el delito de asociación ilícita. Esa decisión fue apelada por la Fiscalía.
El caso tendrá que resolverse en una audiencia. Allí, la Fiscalía dijo que presentará las pruebas para que los procesados sean llamados a juicio también por este delito.
Según el Código Integral Penal (art. 370), de comprobarse ese hecho, los responsables podrían ir a la cárcel de tres a cinco años.