24 de octubre de 2017 20:12

Fiscalía investiga caso de dos menores que habrían sido envenenados por su padre en Guayaquil

La madre de los dos adolescentes dio su versión en la Fiscalía este martes 24 de octubre del 2017. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

La madre de los dos adolescentes dio su versión en la Fiscalía este martes 24 de octubre del 2017. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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La fiscal Mirian Moncayo escuchó este martes 24 de octubre del 2017 la versión de la madre de dos adolescentes que, presuntamente, habrían sido envenenados por su progenitor. El hecho se registró el pasado 14 de octubre en el suburbio de Guayaquil, cuando los menores de 12 y 14 años visitaban a su padre.

Contra el hombre se dictó prisión preventiva mientras es investigado por el supuesto delito de intento de asesinato. Sus hijos aún están internados en el hospital Francisco de Ycaza Bustamente.

Moncayo solicitó pruebas médicas que determinen qué tipo de sustancias se habría suministrado a los jóvenes. “La valoración psicológica de los niños, las entrevistas, todo eso será después, cuando salgan del centro de salud”, explicó la fiscal.

La versión de la madre duró unos 90 minutos. Al salir no dio declaraciones, pero poco después del incidente había mencionado que tenía problemas con su expareja y dijo que en varias ocasiones tuvo que defender a sus hijos de agresiones.

El próximo 1 de noviembre, la Fiscalía receptará la versión del supuesto agresor, que por ahora está en un centro de reclusión. Jorge Huayamabe, abogado del acusado, dijo que no hay pruebas claras. “Si yo acuso por tentativa de asesinato, por envenenamiento, y no existen los exámenes toxicológicos, ¿cómo puedo hablar de una intoxicación?”.

Según Huayamabe, su defendido le aseguró que no habría envenenado a sus hijos. Y que él no se encontraba con ellos cuando sucedió el hecho.

El artículo 39 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la tentativa de asesinato se sanciona con uno a dos tercios de la pena impuesta por asesinato (de 22 a 26 años). Es decir, la pena sería de entre 8 y 17 años de privación de libertad.

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